Por Alfonso Ruiz

El Plan Puebla-Panamá, la política migratoria, las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y la Ley de Seguridad Interior (LSI) fueron algunas de las políticas que los gobiernos neoliberales intentaron aplicar (o aplicaron en alguna medida) y que con la «4T» continuaron y están en marcha, aunque con otra forma y con el consenso de la población.

A pesar de que el gobierno de la 4T ha logrado limar muchas de las aristas más filosas del neoliberalismo –como la lucha, en algunos puntos, de la soberanía energética- y, mediante apoyos, becas, pensiones, etc., ha conseguido que –según el CONEVAL- millones de personas hayan salido de la pobreza, muchas políticas que los gobiernos neoliberales no pudieron –por tiempo, un posible estallido social, etc.- imponer, ahora se pondrán en marcha, con afectaciones para la población en un futuro no muy lejano.

Las políticas mencionadas, responden en mayor medida a los intereses del imperialismo gringo –sin dejar de beneficiar a la oligarquía mexicana- y van de la mano, o sea, se complementan entre sí, con el fin de avanzar en la integración económica forzada, que implicará la pérdida de soberanía y un mayor sometimiento de México ante Estados Unidos.

La Ley de Seguridad Interior (LSI)-Guardia Nacional

A finales de 2017, ya se comenzaban a sentir los efectos de las Reformas Estructurales de Enrique Peña Nieto. En enero de ese año, el alza en los precios de las gasolinas (provocada por la Reforma Energética) casi lleva al país a un levantamiento popular de carácter nacional, sino es por la desmovilización –mediante saqueos- que realizó el gobierno de EPN y la carencia de una dirigencia (AMLO no llamó a movilizarse abiertamente).

En ese contexto y a diez años de que Felipe Calderón Hinojosa inició la “guerra contra el narco”, se planteó la Ley de Seguridad Interior (LSI) que proponía regularizar y legalizar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, otorgándoles mayores facultades[1].

En el mismo nombre de la Ley se contenía el objetivo, la concepción de “Seguridad Interior” hace referencia a una política de seguridad –diseñada por Estados Unidos- en la que los enemigos de un país no son sólo agentes externos, sino internos: los ciudadanos (esto incluye desde narcotraficantes, terroristas, hasta guerrilleros o activistas sociales).

Aunque la LSI fue aprobada, unos meses después, en 2018, fue declarada inconstitucional. En ese año, empujado por el descontento social generalizado, López Obrador ganó la presidencia con más de 30 millones de votos, iniciando así la autodenominada “Cuarta Transformación” (4T).

La propuesta en seguridad pública de la 4T fue, por un lado, entregar apoyos a la población –especialmente a los jóvenes- y que los narcotraficantes no tuvieran “un ejército de reserva en la juventud”. Por otro lado, se planteó la Guardia Nacional (GN) –que fue aprobada en diciembre de 2018-, como un organismo que sustituiría a la Policía Federal, que estaba “podrida” y que permitiría que las Fuerzas Armadas regresaran a sus cuarteles, lugar al que no han vuelto desde 2007.

Aunque la GN fue propuesta como una institución civil y con enfoque policial, en los hechos, la comandancia y mandos subalternos fueron otorgados a militares o exmilitares, mientras que el Ejército y la Marina “traspasaron” miles de elementos a la nueva corporación.

En la Ley de la GN, se establece que la institución cuenta con muchas de las facultades con las que se proponía otorgar a las Fuerzas Armadas con la LSI, como “prevenir”, “investigar la comisión de delitos” e “intervenir en materia de seguridad pública”.

En 2022, de facto y por un decreto presidencial, la GN quedó bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunado a lo anterior, desde 2020 y luego en 2022, mediante decretos, López Obrador extendió la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028.

El Ejército es el mismo que hace 7 años, cuando se intentó pasar la LSI, pese a las frases tan replicadas por el presidente, como que “el Ejército es pueblo uniformado”, el despliegue y presencia militar se han ampliado en el país. Eso que tanto ansiaron los gringos en tiempos del “neoliberalismo” en México hoy está casi consumado. Y así, la LSI se volvió GN.

[1] Como “prevenir” e “investigar” el delito, detener personas, recoger testimonios, realizar peritajes e instalar retenes.