Por Jorge Álvarez Méndez

Contra los procesos revolucionarios el gobierno de Estados Unidos no admite fisuras ni disensos o falsas divisiones entre duros y blandos, entre halcones y palomas. Desde Obama, continuando con Trump y ahora con Biden, se han recrudecido las medidas unilaterales -que no “sanciones”- en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

Todos los frentes se cubren para intentar su imposible arrodillamiento: campañas mediáticas, ofensiva diplomática, medidas financieras, robo de activos en el extranjero, acoso militar, intento de magnicidio, patrocinio de los opositores, ataques a instalaciones estratégicas. Vaya: hasta declararon a ese pueblo como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de E.U. (marzo 2015 con Obama).

Lo último: el robo de CITGO, la filial de PDVSA (petrolera estatal) en E.U. adquirida en 1990, con anterioridad a que el chavismo asumiera el gobierno (1999). Se trata de una maniobra que entrelaza a países imperialistas. El Departamento del Tesoro yanqui tomó como pretexto la expropiación de una mina propiedad de la canadiense Crystallex por el gobierno bolivariano a quien acusa de no haber liquidado a los dueños. Fiel a su vocación histórica desde las primeras incursiones militares en América Latina desde el siglo XIX, se confiere a sí mismo atribuciones extraterritoriales para sancionar a un país soberano en ejercicio de su derecho a la nacionalización de recursos estratégicos, y actúa en nombre de otro país aliado a su política de bloque norteamericano.

Fuera ya de toda mínima de aparente cumplimiento del derecho internacional, el gobierno de Biden en la licencia general 42 del Tesoro, autoriza a la extinta Asamblea Nacional de mayoría opositora, a “realizar transacciones relacionadas con negociaciones de deuda del Gobierno de Venezuela, PDVSA o cualquier entidad donde la República posea una participación igual o superior al 50%”[1], como ha denunciado el presidente Nicolás Maduro. Dicho órgano parlamentario cesó cuando el pueblo eligió a la Asamblea Constituyente en 2017.

En cuanto a ello: a) la medida es extraterritorial e injerencista; b) se reconoce a una ya inexistente asamblea, no sólo carente de legitimidad, sino que ni siquiera está ya en funciones legales de acuerdo con la Constitución bolivariana; c) se dinamita el proceso de diálogo desarrollado en Colombia para establecer condiciones de mediación internacional con miras a las próximas elecciones presidenciales de 2024. La comunidad internacional es una mera figura retórica cuando de medidas unilaterales se trata. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, condenó en abril las medidas coercitivas, sin que ello tenga algún efecto vinculante para que la República Bolivariana pueda recuperar el control de sus activos petroleros y financieros en general, invertidos en el extranjero.

Se hace aún más vil e inhumana esta medida de guerra económica echando hacia atrás la mirada, ya que Citgo significó poder obtener energía gratisdurante el invierno para familias pobres en el propio suelo del país cuyo gobierno imperialista atraca al pueblo bolivariano. De 2005 hasta 2014 se había beneficiado a 140 mil familias en el programa iniciado por el comandante Hugo Chávez[2]; tan sólo en 2009 la cobertura alcanzó a 50 mil familias. Habitantes del Bronx le solicitaron apoyo durante una visita que realizó el mandatario en 2005.

En Nueva York durante el invierno la temperatura alcanza hasta los -10 grados y evidentemente azota a los más pobres por el oneroso pago con mínimos subsidios al pago de combustible para calefacción doméstica. La situación se recrudeció cuando tras la devastación del huracán Katrina los precios de energéticos se elevaron drásticamente y abogaron por energía barata por parte de las corporaciones petroleras algunas personalidades como Joe Patrik Kennedy (presidente de la ONG Citizens Energy Corporation). No faltaron las acusaciones de la ultraderecha de ser un agente extranjero “no registrado”. Es tupida la rede de conexiones para perseguir, acusar, acosar y castigar todo intento de acercamiento al gobierno venezolano, puesto como amenaza inusual.

Claro que se amenaza inusualmente una política internacionalista, como lo recuerda la defensa de la embajada de Venezuela por estadounidenses dignos y solidarios ante el intento de despojo de la representación diplomática.

En la coyuntura geopolítica actual de lucha mundial por las fuentes estratégicas de energía, para el imperio comandado por Biden es vital su control, además de continuo asedio contra el proceso de recomposición de la economía venezolana. El castigo mayor, sin duda, es para el ejemplar proceso revolucionario y antiimperialista de la digna República Bolivariana de Venezuela., con todo lo que despierta en América Latina, para comenzar.