(Segunda parte)

Por Aldo Quiroz

Las fuerzas armadas son cuerpos de represión, están entrenados para recibir órdenes sin distinguir la naturaleza ni las consecuencias de éstas sobre otras personas.

La policía y el ejército pueden desde auxiliar en la protección y evacuación de población ante algún siniestro o desastre natural, acompañar a integrantes de sectores vulnerables en circunstancias de riesgo, proteger a funcionarios y figuras públicas; hasta contener manifestaciones, golpear, torturar, detener, secuestrar a personas que sean consideradas “peligrosas”; desaparecer y matar a quienes identifiquen en la misma condición. Esas acciones no son claroscuros de esas corporaciones, todas sus funciones, hasta la aparentemente más humanitaria son en favor de la propiedad empresarial.

Cuando miembros del ejército “salvan” a la población de siniestros están protegiendo el orden dentro de una demarcación, si no lo hacen, este se alteraría aún más; pues esa población se requiere en condiciones para participar en la producción de mercancías; por otro lado, no auxiliar es dar motivos para rebeliones y amotinamientos. Esas situaciones representan un costo mayor para los capitalistas en los territorios locales y nacionales. La misma lógica aplica para la supuesta protección que brinda la policía en entornos urbanos cuando “cuida” a la población.

La protección del orden que requieren los negocios capitalistas evidencia su inhumanidad cuando la policía y el ejército atacan a quienes conscientemente deciden cuestionar y romper con la supuesta armonía de la sociedad, ya sea a través de sus derechos reconocidos histórica y constitucionalmente, o con acciones fuera de la Constitución que también son legítimas.

Ante las rebeliones, sean a través de las armas o no, los cuerpos represivos destrozan toda red de personas existente alrededor de quienes se organicen. Así es como mataron a pueblos enteros en Guerrero en los años 60 y 70; aduciéndoles complicidad con el Partido de Los Pobres dirigido por el comandante Lucio Cabañas y a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria dirigida por el comandante Genaro Vázquez.

Sin importar que, en la protesta o rebelión no exista elemento considerado “fuera de la ley”, la policía y el ejército amedrentarán, golpearán y matarán a quien se resista. No se deben olvidar las imágenes de la policía federal moliendo a punta de tolete y bala al magisterio oaxaqueño y la APPO en 2006, o a quienes defendían su tierra en Atenco en el mismo año.

Esa represión continúa a la fecha, sólo que el cinismo ha disminuido y se han diversificado las formas.Ya no es el ejército regular quien reprime abiertamente bajo el argumento de la seguridad nacional. Desde la llamada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón hay una conversión y traslape entre paramilitarismo, sicarios del llamado “crimen organizado”, policías locales y ejército, que, mimetizados entre ajustes de cuentas, peleas por plazas o control del narcotráfico, continúan con la campaña represiva contra la población, para prevenir o evitar organización popular.

Ahora ¿AMLO es parte de todo ese andamiaje institucional? Sí, en tanto es Presidente de la República y tiene formalmente bajo su mando a las fuerzas armadas. Pero la importante diferencia está en los matices, se mencionó en el párrafo anterior una “disminución del cinismo”; y es que sin quitarles la naturaleza represiva (algo imposible dentro del proyecto de AMLO) a las llamadas “instituciones de seguridad”, AMLO las está poniendo ante el ojo público, ante el cuestionamiento de la población.

Es evidente que AMLO no tiene el control total de las fuerzas armadas, instituciones fijas a pesar de los cambios de gobierno, las cuales tienen tratos y agentes en todos los partidos políticos, los gobiernos de los estados, de los municipios, en todas las instituciones de gobierno y con los grandes capitales nacionales y extranjeros, los cuales también las usan a conveniencia por fuera de la ley.

Pero en ese mando formal que a AMLO respecta, está poniendo el actuar de las fuerzas armadas a discusión pública y les está asignando tareas que las mantienen bajo vigilancia de la población, la cual, por más represión que se ejerza hacia ella no es posible amedrentarla ni controlarla políticamente en su totalidad (si esto fuera así de sencillo, basta un simple golpe militar para instaurar la dictadura que la derecha tanto anhela).

Además, AMLO ha creado la Guardia Nacional, que, a pesar de haber sido puesta bajo el mando de la SEDENA debe someterse en lo formal a la estrategia nacional de seguridad, la cual está definida por otros miembros del gabinete como la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Sin embargo ¿Hasta dónde AMLO podrá usar su autoridad formal para respaldarse en el ejército? ¿Cuándo esa población difícil de controlar hará (o tendrá que hacer) valer su poder ante la amenaza de un empresariado coludido con el ejército desde su origen?