Por Christian Herrera Medina
Se ha vuelto frecuente que, para intentar ingresar a las instalaciones que forman parte de la BUAP, se exija un “código QR” para entrar. Esta medida viola la libertad de tránsito en un espacio democrático, sostenido por el presupuesto público.
Con dicha práctica, las bibliotecas, espacios infantiles, salas de estudio, estancias para jubilados, campos deportivos y áreas verdes han sido privatizados del resto de la sociedad, incluyendo a los egresados de la misma universidad.
Este proceso, el cual tiene por objeto enajenar a la universidad de la sociedad, incluye el entrelazamiento de las fuerzas policiales municipales con la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) de la BUAP. Dicho organismo espurio, inexistente en la legislación universitaria, realiza reuniones de trabajo con autoridades municipales y la Fiscalía General del Estado, junto con la integración de la DASU al Consejo Universitario de Seguridad, el cual se reúne una vez al mes con el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5)*.
Si a nivel interior la DASU ha funcionado como un cuerpo porril que se caracteriza por acosar a los alumnos y organizaciones políticas estudiantiles autónomas, es natural que este cuerpo represor al interior de la universidad entable lazos de colaboración con la policía, institución represiva del Estado caracterizada por emplear la fuerza para imponer la arbitrariedad del gobierno.
Por otra parte, la intromisión de policías en las instalaciones de la BUAP, denunciada por estudiantes de la misma universidad**, no ha implicado un posicionamiento por parte de la rectoría encabezada por Lilia Cedillo, caracterizada por guardar un silencio alcahuete frente a la constante violación de la autonomía universitaria.
El actual proceder de la rectora sigue la misma línea que caracterizó a su antecesor de Alfonso Esparza Ortiz, quien en su momento permitió la entrada del presidente municipal Luis Banck y el gobernador Tony Galy, cuando se llevó a cabo, en instalaciones del Complejo Cultural Universitario el Congreso Internacional de Seguridad y Justicia, violentando de nueva cuenta la autonomía al contar con la participación de funcionarios estatales, municipales e integrantes de las fuerzas de seguridad pública***.
La realización de este tipo de eventos se organiza de forma discrecional, pues no se hace pública convocatoria alguna, tampoco se publica en los medios de difusión de la universidad, no se discute ni se vota en los consejos, de tal modo que se llevan a cabo a espaldas de los estudiantes, sin previa auscultación. También es necesario considerar que, para el ciclo semestral anterior, los alumnos de nuevo ingreso recibieron “capacitaciones” por parte de integrantes de la DASU y la policía municipal, intentando convertir la presencia de la policía en la universidad como una actividad cotidiana, aunque dicha actividad vulnere por completo la autonomía de la máxima casa de estudios.
Para noviembre del 2022, de nueva cuenta se vulneró la autonomía de la universidad con la realización del taller “Problemática del uso de la fuerza en las instituciones policiales en el siglo XXI” en tanto las autoridades universitarias permitieron la entrada de fuerzas de seguridad policiales a las instalaciones de la facultad de Derecho de la misma universidad.
La autonomía universitaria ha sido una de las conquistas democráticas más importantes de la sociedad. Como espacio democrático, la universidad ha dado voz a múltiples expresiones políticas, muchas de ellas adversas al gobierno en turno. La autonomía es el legado de luchas de estudiantes y profesores que enfrentaron la violencia anti universitaria, llegando inclusive hasta entregar su vida por defender la libertad de cátedra y de pensamiento.
La autonomía es una condición esencial para quehacer científico, en tanto la búsqueda del conocimiento objetivo implica por principio la búsqueda de la verdad sin ningún compromiso a priori con determinado tipo de autoridad, por más que incomode o contradiga el status quo vigente. En determinadas circunstancias, la propia investigación científica exhibe la hipocresía y demagogia de los gobernantes y poderosos, y la respuesta de estos ha sido la calumnia, la persecución e intimidación.
Como ejemplo se puede citar la persecución que padeció el académico universitario Ricardo Pérez Avilés, quien sufrió la represión morenovallista en el 2014, tras denunciar los peligros inminentes del entonces proyecto integral Morelos, que consistía en la construcción de gasoductos en zonas volcánicas. No es menos importante que en el estado de Puebla la policía se ha dedicado a propinar golpizas a estudiantes normalistas, universitarios militantes, etc.
De continuar esta tendencia, será normal que un policía ronde las instalaciones académicas, y las posibilidades de ejercer la crítica desde las aulas serán reducidas en tanto se incremente la capacidad de control de los organismos coercitivos del Estado, en este caso la policía.
Si la comunidad de la BUAP permite la intromisión de la policía en sus inmediaciones, se expondrá al conjunto de prácticas que caracterizan a dicha institución coercitiva, a saber: detenciones arbitrarias, arrestos sin órdenes de aprehensión, “siembra” de pruebas relacionados con delitos inexistentes, violencia sexual, desaparición e inclusive el asesinato. El bienestar de los universitarios y de las generaciones venideras depende de que la organización de la comunidad universitaria logre revertir esta situación.
Fuentes:
*https://www.buap.mx/content/destaca-dasu-buap-coordinaci%C3%B3n-con-instancias-de-seguridad-en-beneficio-de-universitarios
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