(Primera parte)

Por Aldo Quiroz

Ningún gobierno dentro del capitalismo prescinde de policía o ejército.

Los gobiernos dentro del llamado “sistema” tienen la función de proteger la propiedad privada sobre todo lo que sea necesario para producir, comerciar, financiar la producción o especular con todo lo anterior.

Entre todos los mecanismos de los que se valen para cumplir su función están aquellos de corte netamente vigilante, represivo y punitivo: el trabajo de las policías a distintos niveles, ejército, marina, más otros cuerpos llamados de “seguridad”.

En ese mismo sentido, por más que en México queramos relacionar a la policía y al ejército con un supuesto carácter popular emanado de la Revolución Mexicana, nos toparemos, que, predominantemente han estado al servicio de la fracción de la burguesía que ostenta el poder ejecutivo.

Por ejemplo, de todos los ejércitos que hubo en la guerra civil de 1910, el ejército que avanzó sobre los demás fue el del Coahuilense y exgobernador porfirista Venustiano Carranza, el cual fue el mismo ejército que asedió y hostigó a las tropas zapatistas y asesinó a traición a Emiliano Zapata. Ahí no hay origen revolucionario sólo una coincidencia de época.

Por otro lado, la historia de la legislación en torno a la relación entre el poder ejecutivo y el ejército ha sido creada y modificada en tiempos de las visiones más empresariales dentro del gobierno.

La Ley que le otorga al presidente de la República el mando supremo sobre las fuerzas armadas es la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos elaborada en 1986 [1], sexenio del priísta Miguel de la Madrid; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 89 Fracción VI confiere al presidente la disposición total del ejército[2], esto proviene de una reforma en 2004, durante el sexenio de Vicente Fox, de origen panista.

Esas facultades coinciden con las necesidades de esos gobiernos y sus reales representados: los grandes capitales nacionales y extranjeros. Ante posibles resistencias a la apertura comercial y de sectores clave de la economía por su importancia estratégica, lo cual podía poner en riesgo los negocios, había que facultar al ejecutivo para disponer de las fuerzas armadas.

Por el contrario, históricamente existen milicias populares o cuerpos comunitarios, que garantizan la seguridad de las personas de posibles desavenencias internas, amenazas externas y protegen la propiedad en los términos definidos por la sociedad o comunidad de la que se trate; véanse los casos de la guardia nacional en la Comuna de París de 1871, la autodefensa organizada por el Partido Pantera Negra de Estados Unidos en 1967 o actualmente las guardias comunitarias en México, de poblaciones como Cherán en Michoacán.

Esos cuerpos de defensa no están exentos de utilizar diversos mecanismos de disuasión y fuerza, sin embargo, la diferencia está en para qué y para quién lo hacen, en los casos mencionados tienen funciones de protección comunitaria interna.

En un gobierno nacional donde el Estado es capitalista, los representantes y funcionarios terminan siendo empleados/miembros de la burguesía, sin importar las simpatías e identidades que estos tengan con la población o como se dice en la actualidad con el “pueblo”. Por tanto, las policías y el ejército sirven a los intereses de la burguesía.

En la situación actual de nuestro país, con un gobierno ampliamente legitimado por las mayorías, promotor de la democracia aparticipativa (como las consultas populares), con un carácter predominantemente nacionalista y de propiedad pública respecto a los recursos nacionales y energéticos; practicante de un ejercicio cotidiano de discusión y comunicación política abierta a la sociedad que representa, muchas veces es difícil dilucidar su papel al frente de las fuerzas armadas.

Ejército o Guardia Nacional, por estar bajo el mando de un gobernante democrático no pierden su carácter de origen, represivo y de protección fundamentalmente de la propiedad de la burguesía. Sin embargo, tampoco están en la lógica de acabar con toda manifestación contraria al gobierno o a los intereses capitalistas.

Lo que AMLO ha buscado es inhibir ese carácter represivo de dichos cuerpos hasta donde le ha sido posible, haciendo contrapeso con la creación de una nueva corporación, dividiendo el mando y cambiando la política de seguridad hacia tareas de prevención, vigilancia y contención de actos criminales que pongan en riesgo la vida de la población.

Pero el ejército y la Guardia Nacional no cambiarán su función de origen mientras permee la lógica de la primacía de la ganancia sobrela vida humana. Lo importante aquí es observar los detalles del funcionamiento tanto de policías como ejército bajo el actual gobierno y de las tareas que desempeñan, para dilucidar por qué y a quién le sirven en ellas.

[1] Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 2022.

[2] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2022.