Por Aldo Quiroz

La guerra entre capitalistas se da a todos los niveles, dentro y entre todas las ramas de la producción y entre todos los tamaños de capitalistas; cuando se carece de consciencia entre las clases que no son capitalistas, se insertan en esa guerra peleando a favor de estos, adoptando posiciones ideológicas ajenas a sus condiciones materiales: pobres que aspiran ser ricos a través de la defensa de los mismos.

Así también, los capitalistas tienen representantes en los poderes de los que está conformado el gobierno mexicano: legislativo, judicial y ejecutivo. Actualmente en México es más complicado identificar en el ejecutivo y legislativo a estos personeros, dado que tenemos a un presidente electo democráticamente, reconocido como tal, con identidad y apoyo entre la mayoría de la población y los sectores populares, incluidos los más pobres; hecho que ocupan como escaparate los representantes de la oligarquía tanto en el gabinete presidencial como en las cámaras.

Derivado de la presencia de los capitalistas en todas las instituciones del gobierno mexicano incluidas las llamadas “autónomas” como el Instituto Nacional Electoral (INE), se forman diversos frentes de presión e intentos de derrocamiento al presidente López Obrador en el poder ejecutivo, que es donde más se están abriendo espacios para la información y politización de la población que siempre ha sido marginada y reprimida para evitar su participación en las decisiones políticas.

Esa participación política de la base trabajadora y sectores nacionales quita privilegios a los capitalistas, pues les reduce el margen de ganancia en tanto sus negocios dejan de hacerse de manera automática por medio de la corrupción y la compra de unos cuantos altos funcionarios.

Los capitalistas desde las instituciones de gobierno buscando aumentar sus privilegios y beneficiarse más del erario no actúan solos, requieren de esos personeros gubernamentales que forman parte de la misma clase social, pero en calidad de empleados y requieren también de las otras clases sociales, las cuales están subordinadas e ideologizadas para actuar en favor de la oligarquía; así se explica la presencia de personas pobres convencidas marchando a favor del INE, vociferando arengas contra el presidente y contra los “otros pobres” que lo apoyan.

Conforme se ha ido desarrollando el actual gobierno, encabezado por el presidente AMLO, las posiciones de quienes se oponen a la participación popular―porque esta les resta privilegios― en las decisiones políticas se han ido definiendo: desde un principio PRI, PAN, PRD han sido los representantes partidistas de empresarios privilegiados por los ejecutivos anteriores a AMLO como Claudio X. González (y familia) o Gustavo de Hoyos.

Por otro lado, aunque por un periodo, una porción el poder judicial ―en concreto la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a cargo de Arturo Zaldívar― aparentó coincidir con las exigencias populares que cada vez ganaban más eco en el poder ejecutivo y no estorbaba, ni se oponía abiertamente a las propuestas de AMLO, el resto siguió jugando como un bloque claro a favor de los privilegios empresariales ya fuese de la oligarquía local o de las empresas transnacionales.

Considerando ese frente de guerra contra la población que es el poder judicial, personas como el Juez Omar Gómez Fierro se han dedicado a impedir se lleve a cabo la reforma a la ley de la industria eléctrica la cual ni siquiera quita privilegios a las empresas que se han servido del sistema eléctrico nacional, sino sólo da prioridad a la CFE en la industria. 

Con la nueva presidenta de la SCJN, Norma Piña, el carácter antipopular de ese poder se ha vuelto a unificar; al coincidir con la llegada de dicha ministra una serie de resoluciones favorables a la oligarquía; como aquella del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al nulificar los ahorros hechos  en el INE a partir del llamado “Plan B” propuesto por el presidente AMLO, restituyendo a uno de los que más se ha servido del presupuesto público, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, cargo eliminado con la reforma por el gasto oneroso que significa.

Entre otros fallos, el poder judicial ―con su máxima institución bajo la incipiente presidencia de Norma Piña― ha desbloqueado cuentas a la familia del policía y narcotraficante Genaro García Luna y de su congénere y subordinado Luis Cárdenas Palomino, el cual está preso y en proceso penal por tortura. Así, el poder judicial recrudece su afrenta contra las medidas y procesos iniciados bajo el mandato de AMLO, siendo sólo uno de los frentes abiertos contra la apertura del ejecutivo a la participación popular.

A este actuar del poder judicial como parte de los frentes contra el gobierno de AMLO se suman síntomas que han sido propios del esquema de golpes de Estado en los últimos años en América Latina: reuniones de Norma Piña con el embajador estadounidense en México, la gira del órgano electoral opositor al gobierno (el INE) en EE. UU. reuniéndose con Luis Almagro de la OEA, injerencia abierta de funcionarios estadounidenses como Anthony Blinken respecto a la seguridad en México.

Las transnacionales usando como instrumento a la derecha mexicana se movilizan en todos sus frentes de guerra ¿Quiénes le van a responder? El esquema que lamentablemente se ha vuelto lugar común dicta: el pueblo organizado.

Pero ese “pueblo organizado” no ha respondido más que a convocatorias masivas desde el poder ejecutivo, la verdadera fortaleza está radicando en ese poder de convocatoria y su consecuente respuesta, pero eso sólo va a servir para evitar en cierta medida el golpe; pues las calles están siendo calentadas por movilizaciones de trabajadores ideologizados e instrumentados por la oligarquía, en donde ya se incluyen “elementos militares disidentes”, una institución que ha sido decisiva en los golpes de Estado en América Latina.

Ante ese panorama golpista e intervencionista, no queda más que buscar una dinámica popular que trascienda ya a la estructura partidista y que se coordine con esta mientras exista coincidencia; a la par que ambas sigan apuntalando el proyecto obradorista y su posible continuidad, pero el momento exige que se busque organización y movilización que deje de ser dependiente del presidente, aunque el respaldo a este y a su propuesta continúen.