Escrito por Ana Muñoz De la Torre Fernández

El secuestro a mano armada de todas las instituciones del Estado por Pedro Sánchez.

​1/ Para entender la parálisis de la causa contra Begoña Gómez, hay que analizar la secuencia material de los hechos. No son eventos aislados, sino una estrategia de «blindaje por capas» desde las instituciones del Estado (Interior, Fiscalía, Tribunal Constitucional, UCO).

​2/ Antecedente 1: El cepo a la UCO. Pedro Sánchez utilizó la Ley de Secretos Oficiales para declarar «materia reservada» cualquier informe o dato de la UCO sobre la trama Koldo/Ábalos. Este fue el primer muro: impedir que la policía judicial cruzara información entre tramas.

​3/ Antecedente 2: El sabotaje de la Fiscalía. Desde el inicio, la Fiscalía ha actuado como una extensión de la defensa, recurriendo sistemáticamente cada providencia de Peinado. La «neutralidad» del Ministerio Público se ha disuelto en favor de la protección de Pedro Sánchez.

​4/ Antecedente 3: Los informes «vacíos». Peinado solicitó múltiples diligencias a la UCO (sobre el software de la UCM, Globalia, etc.). Las respuestas recurrentes, condicionadas por el bloqueo de Interior y la falta de recursos provocada intencionadamente por el Gobierno de Sánchez, han sido: «no hay indicios suficientes» y «no hay hechos nuevos investigables» (UCO).

 ​5/ El hecho reciente: Ante este sabotaje institucional, Peinado ha pasado a la ofensiva material. Si la UCO dice que no hay «hechos nuevos» sobre cuentas en Dominicana, el juez, que sí ha presentado indicios una y otra vez, ha decidido crear un precedente que obligue a la policía a actuar.

​6/ La orden de 10 días.

– Los Vuelos. Ha exigido a Interior (ONIP) los registros de pasajeros de Begoña Gómez y su asesora a:

• Dominicana
• Guinea Ecuatorial
• República del Congo
• Rusia

Objetivo: demostrar la presencia física donde la UCO dice que «no hay nada».

​7/ La orden de 10 días.

– Los Correos. Ha dado un ultimátum a la Secretaría General de la Presidencia para entregar todos los emails de la cuenta oficial de Begoña Gómez desde 2018. El juez busca la prueba documental del uso de la infraestructura del Estado para el lucro personal (plusvalía privada con recursos públicos).

8/ Peinado actúa con cautela extrema porque sabe que el aparato del Estado está «secuestrado» por el interés de supervivencia de Sánchez. Cada paso busca un documento bruto (vuelo o correo) que el Supremo no pueda ignorar ante la evidente obstrucción de todas las instituciones.