El contrato fue firmado entre DCYTIC y la empresa Territorium, por el servicio de “…aplicación en línea de exámenes de nuevo ingreso de estudios del nivel superior, medio superior 2025 y procesamiento electrónico de la información de los resultados con soporte y supervisión”.

En el documento se estableció que el monto mínimo de pago sería de 16 millones 983 mil 792 pesos y el monto máximo de 25 millones 475 mil 688 pesos, ambas cifras incluyendo el IVA. Según el instrumento, la cantidad concreta a pagar se determinaría por el número de exámenes que se aplicarían.

Por su parte, en el documento se instituyó que el precio unitario por examen sería de 244.02 pesos más IVA. De acuerdo con información difundida en medios a partir de declaraciones de la rectora Cedillo, en total fueron 70 mil aspirantes, es decir, se aplicaron 70 mil exámenes para el proceso 2025. En consecuencia, la BUAP tuvo que haber pagado un aproximado de 19 millones 814 mil 424 pesos a Territorium.

En una publicación anterior, señalamos que el examen de admisión en línea representaba un filtro más mediante el cual se privatiza la universidad, pues se cierran las puertas a la población con menos ingresos que no tiene computadora o internet.

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2023, del INEGI, en Puebla sólo el 15.6% del estrato socioeconómico más bajo de la población tiene computadora y el 39.5% internet.

El examen en línea no sólo representó un mecanismo de exclusión, que además contó con innumerables fallas, sino que también costó 19 millones de pesos que pudieron invertirse en otros sectores.

Este tipo de decisiones se realizan desde la rectoría, por ello, es relevante quién toma las decisiones en la BUAP. ¿Seguirán políticas privatizadoras y excluyentes? ¿Seguirán estos gastos innesarios?