“…Cuando, digamos, tocamos las fibras sensibles del Ejército mexicano, ahí ya no se pudo avanzar y ahí vino un quiebre, una crisis, incluso en la relación, en el diálogo que llegamos hasta el día de hoy…”

Vidulfo Rosales 

Representante legal de las familias de los 43 normalistas.

Este día se cumplen 10 años del 26 de septiembre de 2014, día en el que desaparecieron a 43 normalistas rurales de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Aunque ha pasado todo ese tiempo, aún no se conoce el paradero de los desaparecidos, ni la verdad de los hechos. Los padres de los 43 no han descansado en estos 10 años por encontrar a sus hijos, en los últimos meses han denunciado que el gobierno federal de López Obrador -mismo que asumió el compromiso de encontrarlos- no ha entregado toda la información que tiene del caso. Ante esto, se hace indispensable mantener la memoria y denunciar el encubrimiento que se ha hecho.

La negativa de los padres de los normalistas desaparecidos dereconocer las posturas “oficiales” como legítimas, proviene de las maniobras, los engaños, y los múltiples intentos por dar carpetazo a la desaparición de los 43 normalistas y exculpar al Gobierno, y a su aparato coercitivo: la policía, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la MARINA, el aparato de inteligencia y el poder judicial, de su responsabilidad en el crimen. Como reacción a la impunidad reiterada y ante la injusticia, las protestas se han multiplicadodesde hace 10 años en conjunto con otras organizaciones.

La principal demanda de los padres de los 43 normalistas y de las organizaciones, en estos diez años, es la búsqueda de justicia y el esclarecimiento de la verdad de los hechos ocurridos en Iguala. 

En este sentido, las demandas han girado en torno a la imputación de delitos a los principales creadores de la falsa “Verdad Histórica” para que enfrenten cargos por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. Incluyendo al próximo Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que nombró Claudia Sheinbaum para su sexenio, Omar García Harfuch, de quien se acreditó su participación pues, en el tiempo de la desaparición, trabajaba como Comisario de la Gendarmería de la Policía Federal en Guerrero.

Entre sus demandas también exigen mecanismos de seguimiento eficaces y viables para llegar a la verdad; denunciando el involucramiento activo de las fuerzas armadas y sus aparatos de inteligencia con el crimen organizado en las horas cruciales de la desaparición, y las maniobras del Ejército para continuar obstruyendo la investigación y ocultando información sobre los hechos. Han exigido, en este sentido, que el Gobierno Federal solicite a la SEDENA poner a disposición de la Comisión para la Verdad los folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (C.R.F.I.) que operaba en Iguala, así como las transcripciones de llamadas telefónicas realizadas por actores vinculados con los hechos, lo cual hasta la fecha, no se ha cumplido.

El esclarecimiento de la verdad de los 43 normalistas fue parte de los 100 compromisos durante la campaña de Obrador, al inicio de su gobierno se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa(“Comisión”) encabezada por Alejandro Encinas hasta 2023. 

Con el trabajo conjunto de esta Comisión con los padres de los 43, las organizaciones civiles y el GIEI, pudieron darse importantes avances para desmentir la falsa verdad históricay la participación directa de los agentes del gobierno espurio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, los avances han sido manejados con marcados límites, para no tocar los verdaderos nervios sensibles de lo ocurrido en Iguala, Guerrero.  

Por ejemplo, en el punto 8 del Segundo Informe presentado por la Comisión, se hace referencia directa a la presencia de Omar García Harfuch en la “Junta de Autoridades” que, según el mismo reporte, fue la que construyó, desde el Gobierno Federal, la verdad histórica. La “Junta de Autoridades” estaba integrada entre otras personas despreciables: por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto; el titular de la SEDENA, Salvador Cienfuegos; el titular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam; el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; y el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. 

Sin embargo, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum han negado reiteradamente los señalamientos sobre la complicidad de Harfuch en la fabricación de la verdad histórica, sobre sus vínculos con la delincuencia organizada y su actuar colaborativo con exfuncionarios espurios como García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Esto no es causa de equivocación, ni un hecho aislado, en octubre del año pasado, López Obrador con la distinción de la presea del Bicentenario del Heroico Colegio Militar condecoró a Salvador Cienfuegos, uno de los principales integrantes de la “Junta de Autoridades” que tuvo participación directa en la desaparición forzada de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y quien fue exonerado de cargos por tener vínculos con el narcotráfico por la Fiscalía General de la República, maniobra que permitió que el gobierno gringo lo dejara en libertad.

Así como se ha intentado limpiar y reivindicar la imagen de autoridades del sexenio de Peña Nieto, se ha intentado limpiar la cara a los principales ejecutores que propiciaron la desaparición forzada de los 43 normalistas, la participación directa del ejército en los hechos se ha ido coartando y a pesar de la gravedad de los delitos que con pruebas pueden imputarse, los militares han sido beneficiados. En un país donde se aumenta la lista de delitos que ameritan prisión preventiva, aumentando la fila de quienes esperan años en prisión sin sentencia, para la mayoría de los pocos militares que se han procesado por los crímenes de lesa humanidad del caso Ayotzinapa, alcanzan libertad condicionada y hasta fianza.

Ante estos hechos que a todas luces demuestran la protección del Gobierno Federal a las fuerzas armadas, surge la pregunta del ¿por qué? 

En un Estado capitalista es necesario -para mantener sometida a la clase trabajadora- que exista un ejército permanente, además de una policía, y cualquier fuerza armada que sirva para mantener a la clase dominante en el poder. Estos, son los instrumentos fundamentales de la fuerza del poder estatal. México no es la excepción, véase nuestra historia… posterior a la Revolución Mexicana, en plena conformación del estado burgués capitalista, nació el Ejército Mexicano, decretado en 1913 precisamente por un burgués:  Venustiano Carranza. A lo largo del tiempo, el ejército ha tomado cada vez más fuerza.

El Gobierno Federal actual, presume de tener a 173 mil elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional desplegados por todo el país. No es ningún secreto que durante este sexenio se les han otorgado negocios disfrazados de funciones civiles, por ejemplo: el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, la aerolínea Mexicana de Aviación, el Aeropuerto Internacional de Palenque, Señor Pakal y el Aeropuerto Internacional de Tulum, Zamá.

En Zumpango, Estado de México, la Sedena y Banjército crearon el consorcio Grupo Aeroportuario, Ferroviario y Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V.

En términos de presupuesto público, los militares han recibido en este sexenio más presupuesto que en sexenios prianistas, por ejemplo, en 2023 Sedena, Semar y Guardia Nacional ejercieron 210 mil millones de pesos, 41.5% más frente al cierre del sexenio pasado. Se ha analizado que la SEDENA desplazó a secretarías como la de comunicaciones y transporte, la de hacienda, la de agricultura y la de recursos naturales, pues en 2006 ocupó el noveno lugar en términos presupuestales y en 2021 ascendió al quinto.

Estos datos nos muestran el poder -en términos económicos- que se le otorgó a las Fuerzas Armadas en este sexenio, se podría pensar que para López Obrador era necesario tener a los militares de su lado a fin de evitar un golpe de estado orquestado por ellos mismos. Eso explicaría en alguna medida, el apoyo y lavado de cara que les ha realizado.

Ahora bien, a pesar de que el presidente tiene ocupados a los militares jugando un rol de empresarios, la represión hacia las capas más desfavorecidas de la sociedad que se organizan políticamente, no ha parado, y esto puede no ser orden directa de López Obrador, pero, regresemos, el ejército es un aparato del Estado burgués, su actuar no cambia por mucho que estén bajo las órdenes de la socialdemocracia.

Entonces, el presidente no ha podido ni querido iniciar una guerra en contra del ejército y esta política es la que ha dictado el actuar del gobierno hacia los militares en el caso Ayotzinapa. 

Entre las líneas del Primer reporte -presentado por López Obrador- sobre los jóvenes desaparecidos, presentado en julio de este año, se puede leer:

Punto 13: “No obstante, los representantes de los padres y madres de los jóvenes … se niegan a casi todo; han llegado incluso a sostener que queremos proteger al Ejército y que pretendemos crear otra verdad histórica… ¿En qué basan su afirmación de que fue el Ejército?…”

Punto 15: “Podría acusarse de omisión a los militares que estaban enterados de actos de violencia ocurridos en Iguala y, sin embargo, no actuaron para evitar abusos de autoridad y salvar la vida de los jóvenes; pero sobre su participación directa en este crimen, hasta ahora no se ha encontrado absolutamente nada…”.

Lo cierto es que, en cada uno de los 21 puntos del informe, se justifica a los militares a través de responsabilizar a los gobiernos locales, a las organizaciones de derechos humanos y a los gobiernos PRIANISTAS, que, si bien forman parte de lo ocurrido en la noche del 26 de septiembre, no son los únicos responsables, ni los únicos que tienen información sobre los hechos que es necesaria para llegar a la verdad.

Y así, excusándose en que “también hay gente conservadora” entre quienes pretenden desconfiar del ejército, el informe cierra llamándolas puras hipótesis y simulaciones. 

La línea está clara; defender al ejército aun con todas las pruebas de su participación ejecutora, dejándolo en completa impunidad.

El pasado 24 de septiembre, los padres de los 43 denunciaron que, si el Senado de la República aprueba la reforma que adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional “va a formar parte de las instituciones que le otorgará más poder al Ejército, que hoy no ha brindado la información que tiene del caso Ayotzinapa”. Asimismo, sigue la denuncia permanente de que el ejército no ha permitido conocer información crucial para llegar a la verdad. Los padres de los 43 incluso han mencionado que las condiciones actuales están como si se volviera a empezar, pues, aunque el gobierno -que está a pocos días de terminar su mandato- se comprometió a encontrar a sus hijos, aún no se ha dado con su paradero.

A 10 años debe permanecer la memoria de lo sucedido, la consigna de “Ni perdón, ni olvido” debe ser una realidad para la sociedad, en la presión que se pueda ejercer a las autoridades, en estar cotidianamente informados de la continuidad de esta lucha y en el apoyo que cada uno pueda dar desde el lugar en el que se encuentra. 

Un nuevo sexenio comenzará en pocos días, el gobierno de Claudia Sheinbaum se reunió con los padres de los 43 para comprometerse a continuar la investigación, no obstante, si la actitud hacia el ejército no cambia (y parece que no lo hará), parece imposible llegar a la verdad y al paradero de los estudiantes. 

Queda demostrado que la vía institucional-democrática-socialdemócrata no será mediante la cual se conozca lo sucedido el 26 de septiembre de 2014. Sólo la organización de los de abajo puede resolver esta y todas las injusticias que se han cometido.

Toda la solidaridad y todo el apoyo a la lucha por los desaparecidos de Ayotzinapa.

A 10 años:

¡NOS FALTAN 43!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!