Procesos históricos como el de la Revolución Mexicana son ejemplo de que la organización política de los obreros y los trabajadores agrícolas, pueden generar cambios -ya sea económicos o legales- en la vida política del país, no obstante, estos procesos muestran los límites de la lucha, cuando se hace de forma regional y sin un órgano político que lo encabece y represente plenamente sus intereses.

La gente que se organizó a favor de los jodidos durante la Revolución Mexicana, como los villistas y zapatistas, no tenían un programa político y económico a nivel nacional, el intento de los zapatistas por organizar su planteamiento fue el Plan de Ayala, en donde se desconoció a Francisco I. Madero, pero se adoptó el Plan de San Luis (programa político de la burguesía). El mayor aporte de su lucha fue exigir la expropiación de las tierras, montes y aguas que estaban en poder de grandes hacendados, para garantizar que la gente -que no era dueña de nada- pudiera trabajar en la industria y agricultura.

El Plan de Ayala surgió como respuesta a un problema regional, el campesinado productor de caña oriundo de Morelos fue el blanco de la persecusión para el despojo de tierras, ese proceso era una expresión de lo que ocurría en el país desde tiempos de Benito Juárez pues la liberación de tierras era necesaria para que el capitalismo se abriera paso, al garantizar: i) la apropiación de recursos naturales y ii) que los campesinos se vieran obligados a vender su fuerza de trabajo, al dejarlos sin la tierra que era su principal medio de producción.

Ahora bien, el programa regional no pudo abarcar todos los problemas nacionales, pues la clase trabajadora no estaba lo suficientemente organizada para encabezar ese movimiento. Sin embargo, los aportes de la lucha armada de los obreros y trabajadores agrícolas, son los derechos ganados, expresados en Constitución de 1917, como la educación laica y gratuita, el derecho a la salud, la propiedad nacional de las tierras y aguas y el derecho del pueblo a alterar o modificar la forma de su gobierno. La clase dominante tuvo que incorporarlos a su programa para terminar con la guerra civil y consolidar el estado-nación.

La Constitución de 1917, como toda constitución tiende a asegurar formalmente los intereses de la clase dominante, asegurándole un marco legal. 

El constitucionalismo anterior a la Revolución Mexicana, partió del modelo liberal de las constituciones europeas y la norteamericana, y sistemáticamente ajustó el interés individual como el motor para promover el “progreso y la prosperidad en el país” la cual era la expresión de los intereses de acumulación de los grandes propietarios de la incipiente nación, cuyos principios liberales fueron expresados en la Constitución de 1857: libertad, igualdad, seguridad y propiedad. La premisa de tales conceptos liberales del programa de Benito Juárez fue preceptuar los derechos del hombre separado de los hombres y de la comunidad.

Su libertad de hacer todo lo que no atente contra los derechos de otro, la libertad de explotar al hombre que a su vez es libre de vender su fuerza de trabajo y así, liberarse de los terratenientes, pues esa forma de producción era ya un estorbo para el desarrollo del capitalismo. La aplicación de esta libertad en la Constitución de 1857, apareció ligada al ejercicio de la propiedad, es decir, el derecho a apropiarse de los medios de producción, fueran estos recursos naturales, vías de transporte y comunicaciones, maquinaria, etc. 

Junto a los preceptos anteriores, se normó la seguridad, para preservar la propiedad privada a través del reconocimiento legal y funcionamiento de las fuerzas federales, como el ejército y guardias rurales que estaban al servicio de los propietarios y capitalistas nacientes. De la mano a ello, la igualdad “que es la misma para todos”, se normó como una trampa para que en la apariencia no existieran diferencias entre las clases sociales, elevando los intereses particulares de los propietarios a los de toda la nación.

Bajo estos principios liberales, se consolidó la Constitución de 1857, continuando la operación de despojo violento de tierras a los pueblos originarios y poniendo al hombre propietario al centro de la norma.

Como ejemplo, la Constitución de 1857 sirvió para el despojo a través de la ley de desamortización inherente al artículo 27, que prohibió la posesión de propiedades e inmensos latifundios a los pueblos originarios, quitándoles su territorio a través de las “compañías deslindadoras” que estaban a cargo de propietarios extranjeros ligados con el gobierno. Su objetivo además de eliminar al mayor concentrador de riqueza latifundista del país (el clero), para crear una nueva concentración de propietarios agrarios, era que estos pudieran disponer de trabajadores agrícolas libres, que ahora estaban carentes de toda propiedad fuera de su fuerza de trabajo y eran criminalizados en cualquier intento de sublevación por recuperar las tierras que ya no eran -según la ley- de su propiedad. 

Este programa puramente liberal, prolongó la violencia y la miseria en todas sus formas hacia los desposeídos, colocándolos en un grado mayor de dependencia, pues fomentó las tiendas de raya y el peonaje, pero también sentó las bases para la consolidación de la clase obrera en México, pues el desarrollo de la industria capitalista, necesitó contar con un amplio excedente de fuerza de trabajo, por lo que destruyó las comunidades para la consolidación de las relaciones de explotación. 

El proceso de desposesión de tierras y medios de producción iniciado con Benito Juárez, se continuó en el periodo de Porfirio Díaz, el cual se caracterizó por la concentración de la tierra en manos de un pequeño grupo de propietarios extranjeros y nacionales y por el desmantelamiento de las tierras comunales con el objetivo de crear una clase asalariada que se integró principalmente a la producción agraria y a la construcción de infraestructura de ferrocarriles. Las vías ferroviarias las construyeron con el trabajo obligatorio de la gente que vivía en el paso de los ferrocarriles, a quienes les pagaban salarios máximos de cincuenta centavos. El desarrollo progresivo del capitalismo moderno en México fue el que permitió la conformación de la clase obrera.