Por Diana Juárez Martínez

Amnistía Internacional pidió a la FGE de Puebla y a la Ceaspue decretar la libertad absoluta de Miguel López Vega y, eliminar la orden de a aprehensión contra Alejandro Torres Chocolatl, ambos defensores del río Metlapanapa

A través de la investigación “México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de Personas Defensoras de Tierra, Territorio y Medio Ambiente”, la organización documentó cuatro casos en los que se utilizó el sistema penal en contra de ambientalistas con procesos judiciales pendientes.

Uno de ellos es el caso de Puebla de López Vega y Torres Chocolatl, ambos comunicadores de Radio Zacatepec y defensores naguas de Santa María Zacatepec, en Juan C. Bonilla, municipio de Puebla.

Todo inició el 30 de octubre de 2019, cuando más de 100 personas de la comunidad protestaron pacíficamente para exigir que se frenara la construcción de un drenaje de aguas residuales del Parque Industrial de la Ciudad Textil Huejotzingo y que ponía en riesgo el río Metlapanapa.

Sin embargo, la respuesta del gobierno estatal, entonces gobernado por Miguel Barbosa Huerta, fue de represión (una característica de dicho mandatario), pues haciendo uso de la Policía Estatal y con la ayuda de la Guardia Nacional (GN) colocaron barricadas en la carretera Puebla-México.

Ahí, la autoridad les lanzó gas lacrimógeno y golpearon a manifestantes. Miguel y Alejandro participaron en la manifestación como comunicadores y simpatizantes.

El 24 de enero de 2020, Miguel fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando salía de una reunión en la Dirección de Gobierno de Puebla.

Lo acusaron de los delitos de oposición a que se ejecute una obra pública, ataques a las vías generales de comunicación y, a la seguridad en los medios de transporte.

Para ello, se basaron en las declaraciones de tres funcionarios de la Ceaspue quienes dijeron haber visto a ambos activistas incendiando una camioneta con bombas molotov, pero no hubo pruebas.

Permaneció en prisión preventiva seis días y el 29 de enero de 2020 fue liberado tras una audiencia en la que se decidió no vincularlo a proceso por los delitos de ataques a la seguridad en los medios de transporte y oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos.

Al mismo tiempo, se le vinculó a proceso por el delito de ataques a las vías de comunicación y se le dictó, como medida cautelar, la obligación de presentarse a firmar cada 15 días.

En diciembre de 2022, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue) intentó volver a acusarlo de los delitos por los que ya no se le vinculó a proceso.

Sin embargo, el 29 de marzo de 2023, ya en el gobierno de Sergio Salomón Céspedes, el organismo desistió de su petición y otorgó el perdón sobre esos dos delitos, pero la FGE no lo aceptó.

Incluso, un día después, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a generar acuerdos y fue entonces cuando la FGE determinó que no se constituyeron los delitos.

Asimismo, se concedió la suspensión condicional del proceso por el delito de ataques a las vías de comunicación, para efecto de que acuda a firmar mensualmente durante 6 meses y después quede finalmente absuelto.

La defensa de Miguel interpuso una queja a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla debido a que el responsable del área de medidas cautelares le mencionó que la evaluación del riesgo necesaria para la suspensión condicional “iba a salir negativa pues eran órdenes de arriba” y que si presentaban “la solicitud mil veces mil veces nos la van a negar”.

Actualmente, Miguel tiene que continuar firmando por seis meses hasta que sea completamente absuelto de los cargos. Por su parte, Alejandro Torres Chocolatl tiene activa la orden de aprehensión en su contra, misma que se podría ejecutar en cualquier momento.

Es por ello que la organización solicitó decretar la libertad absoluta de López Vega y, eliminar la orden de aprehensión de Torres Chocolatl.

Para AI, se debe de considerar que participaron en una protesta pacífica, que no hay evidencia de ningún acto violento de su parte y, que ejercían su derecho a la autodeterminación.

Finalmente, al gobierno de Puebla le solicitó realizar una disculpa pública por el uso indebido del sistema penal en contra de defensores de tierra, territorio y medio ambiente y asegurar la no repetición de los mismos.