Por Christian Herrera

La prohibición de determinadas drogas como la marihuana, la cocaína o los opiáceos, ha provocado más efectos perniciosos sobre la sociedad respecto a los objetivos inalcanzables de dicha política.

En primer lugar, la prohibición establece una barrera de contención a la oferta de drogas, aunque estas se demanden por encima de la dotación ilegal existente y, al igual que cualquier mercancía, una demanda superior a la oferta induce el crecimiento del precio de mercado.

El alto precio de las drogas prohibidas frente a su valor real permite a las organizaciones delictivas la obtención de ingresos elevados (comparados con las actividades económicas legales) los cuales son usados para sobornar autoridades gubernamentales, comprar armamento, contratar cuerpos de seguridad, etc.

El bajo costo de las drogas, comprado con su alto precio existente en el mercado, convierten a este ramo productivo en un negocio lucrativo para obtener ganancias, en un auténtico proceso de acumulación de capital.

Al igual que cualquier proceso productivo, la producción de drogas ilegales necesita los medios de producción y el trabajo correspondientes. Por ejemplo, el cultivo de marihuana (al igual que cualquier cultivo) necesita la mano de obra que trabaje la tierra, la riegue, fertilice, abone, etc. para obtener plantas cosechables.

Sin embargo, las relaciones de trabajo que se establecen en la producción de drogas ilegales implican relaciones clandestinas, en donde los mecanismos formales que median las relaciones obrero-patronales dejan de operar, y es así en tanto que la producción de drogas ilegales supone un delito, formalmente la ley pena a todos sus participantes.

En este sentido, si la producción de drogas ilegales es una acumulación de capital, los dueños de este capital tenderán a contratar trabajadores para producir estupefacientes prohibidos con miras a obtener mayores ganancias, pero el hecho de que las organizaciones delictivas necesiten trabajadores, de suyo, no implica que la clase trabajadora automáticamente quiera convertirse en actores delictivos.

Es necesario recordar que, para que los trabajadores vendan su fuerza de trabajo, tienen que ser libres económicamente (no poseer capital) y libres jurídicamente (no estar encarcelados). Producir drogas ilegales implica un riesgo para el trabajador, la posibilidad de que este pierda su libertad jurídica, y con esto, también pierda la posibilidad de mantenerse a él y su familia.

Bajo esta limitante es como surge el trabajo forzado no retribuido por parte de las organizaciones delictivas. En aras de obtener mayores beneficios económicos, y dadas las restricciones que supone que los trabajadores en general se abstengan para laborar con dichas organizaciones, estas recurren a la privación de la libertad de los individuos, negándoles su condición social, restringiendo su comunicación y violentando su libertad de tránsito.

Existen diferentes testimonios* de trabajo forzado no retribuido en el país, (aunque esta problemática ha sido mal llamada por el periodismo como “esclavitud del narcotráfico”) relacionado con la producción de drogas ilegales. En tanto la emergencia del mercado de las drogas ilícitas y su respectiva acumulación del capital son originados por la prohibición, el trabajo forzado que se despliega en este tipo de producción también es una consecuencia de este tipo de política.

Si bien esta modalidad de explotación del trabajo implica la desaparición de personas, no es la única forma en la que se relacionan ambas problemáticas, dado que, si bien la producción de las drogas ilegales y sus saltos cuantitativos datan a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la irrupción de la desaparición de personas como un problema nacional se agudiza a partir del año 2007, con la ejecución de la infame “guerra contra las drogas” del entonces espurio presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa.

Por una parte, la adopción de políticas económicas de corte neoliberal, aunado al resquebrajamiento del Partido Revolucionario Institucional, ambos procesos conllevaron la reducción de los mecanismos de control Estatales que regulaban la producción y circulación de drogas prohibidas, de tal modo que, dada la ausencia de dichos controles, se exacerbó la competencia entre las diferentes organizaciones delictivas.

Estas últimas, recurriendo a la violencia multifacética, incluyendo el asesinato y la desaparición, junto con una política de exterminio represora de las administraciones encabezadas por el ya mencionado Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sumado a los cuerpos paramilitares utilizados por empresas trasnacionales para la apropiación de recursos naturales, todo ello ha generado un problema social histórico, dado el incremento inusitado del número de personas desaparecidas.

Por otro lado, la participación de las fuerzas armadas con miras a proteger un bando del mercado de las drogas ilegales (La organización de Sinaloa) y la corrupción de funcionarios de alto nivel (véanse las acusaciones en contra de Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública, o de Luis Cárdenas Palomino, ex director de la Policía Federal) conllevaron que la lógica de la participación de las fuerzas de seguridad tuviese como objetivo primordial salvaguardar intereses económicos privados relacionados a la acumulación de capital con drogas ilegales, por encima del respeto  de los derechos de los mexicanos.

A la fecha, la Comisión Nacional de Búsqueda indica un total de 111,259 personas desaparecidas y no localizadas al 14 de febrero del 2023. Aunque la presente administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador ha dado avances para encontrar a las personas desaparecidas (por medio de la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la creación de comisiones locales de búsqueda, la reinstalación de un sistema nacional de búsqueda de personas, la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, la Ejecución del Programa Nacional de Búsqueda de Personas) todavía sigue vigente la prohibición de drogas, y con esto, también persiste una modalidad de acumulación que involucra la desaparición de personas.

En conclusión, aunque el avance en la búsqueda de personas desaparecidas está correlacionado con el advenimiento de un gobierno más democrático respecto a sus predecesores, la acumulación de capital ilegal, e inclusive legal, implica que la obtención de ganancias se coloque como prioridad por encima de la vida de las personas, y con esto, la expansión de negocios lucrativos conlleve la desaparición de personas.

Esto también implica que, en el marco social en el que se despliega la desaparición de personas, la solución a este problema también implica una forma de lucha en contra del capitalismo.

Fuente: Extraído de Contexto general. Comisión Nacional de Búsqueda. Consultado el 14 de febrero del 2023 de https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral

*El cierre del rancho “El búfalo”, propiedad de Rafael Caro Quintero, mantenía en cautiverio cerca de 12,000 jornaleros, los cuales se dedicaban al cultivo de marihuana.  https://www.proceso.com.mx/436324/esclavizado-por-el-narco%20el%201/06/2019 Tanto en Guerero como en Chihuahua se han registrado casos de trabajo forzado Campos de trabajo forzado del narco son la nueva esclavitud en Guerrero (quadratin.com.mx), Rescatan a 21 «esclavos» del narco; dormían en una cueva de Chihuahua amapola y marihuana – El Sol de México | Noticias, Deportes, Gossip, Columnas (elsoldemexico.com.mx).