El presidente Andrés Manuel López Obrador en reiteradas ocasiones ha señalado que a los jóvenes se les abandonó en el neoliberalismo, lo que generó dejarlos en manos del crimen organizado, así tenemos en diversos estados una generación de chavos sicarios y de “halconcitos” resultados de la violencia, una de ellas la exclusión de la educación.

Como medida paliativa el gobierno federal implementó un conjunto de programas sociales destinados a los jóvenes entre las que destacan las “becas Benito Juárez” y “jóvenes construyendo el futuro”, sin embargo, como es ya sabido, tener el gobierno federal, no es tener el poder, sino tener una capacidad limitada de actuar frente a los problemas de nuestra patria.

Y aunque existan buenas intenciones, nunca bastan, si en los Estados y en las escuelas sigue rigiendo la infamia como actuar diario entre los servidores públicos que se autoproclaman de la 4T para conseguir un cargo, pero actúan con los mismos principios mezquinos del PAN, considerando que es más importante que los jóvenes paguen una cuota para cumplir con su ley de ingresos a que estos encuentren en la educación por lo menos una alternativa a sus inquietudes.

Este es caso de IAVEP a quien de forma arbitraria se decidió que debía recaudar $718,062 pesos en el año 2023, lo decidieron los legisladores que no tiene  ni idea en dónde está el instituto, a quienes el amplio manto de la 4T los llevó al servicio público, como al propio gobernador  Sergio Salomón Céspedes que no tenían información sobre la situación cuando fue interrogado por un reportero de Angulo7, y es que ¿a quienes le pueden importar unos jodidos que además estudian artes?

Este actuar en dónde sólo importa cuanto recaudan o que beneficio van a obtener es el mismo de la señora Laura Rosalinda Ramírez Moreno, quien se autoproclama preocupada por los estudiantes y una persona que siempre los apoya, pero en los hechos no los baja de flojos, revoltosos y culpables de su situación, no sería raro escuchar esa frase fascista en su boca de “el pobre es pobre porque quiere”.

Esa coincidencia contante ente la SEP estatal y la señora Rosalinda llama la atención, pues ella siempre elude cualquier responsabilidad culpando al gobernador, al secretario de Educación Pública, y al subdirector de Universidades como los causantes de todo lo que sucede, porque ella simplemente “recibe órdenes” y lo único que hizo frente al alza de cuotas en un 100% es extender un oficio pidiendo que no se cobrara la cuota semestral, y dijo a una comisión de alumnas que extendería el periodo para recibir dicha cuota a modo de apoyo.

Los alumnos organizados que ven en el alza de cuotas la imposibilidad de seguir estudiando y un asesinato flagrante contra su universidad ya han buscado apoyo en otras instancias y en espera de que el gobernador o el Congreso analicen la situación real, pues si este atentado se consolida dejaran a los jóvenes sin estudiar y no recaudaran los $718,062 de la ley de ingresos.