Escrito por: Ángeles Tepox Vivar

La cuestión del fracking es un problema que expresa muy bien el papel estratégico que juega México en la disputa por el control de recursos estratégicos entre EE. UU. y China. Simultáneamente, evidencia los obstáculos que enfrenta el capital extranjero y nacional para seguir expandiéndose en nuestro país.

Empecemos por caracterizar el estado actual del aparato productivo mexicano a través de un breve recuento histórico. Es precisamente durante la presidencia del General Lázaro Cárdenas que se efectuaron las transformaciones económicas más trascendentales, estableciendo los pilares sobre los que descansa la economía mexicana y su posterior desarrollo.

Además del reparto agrario, es en el Cardenismo donde se define la organización de la industria nacional. Producto de su historia y de la organización política de los mexicanos, se determinó que los empresarios pueden desarrollar sus actividades sin mayores vicisitudes, pero les queda negado participar en la industria petrolera, la cual estaría en manos del Estado. Como señala el maestro Gilly (1975), este fue un duro golpe a la burguesía nacional e internacional porque les quitó uno de los sectores más dinámicos y redituables.

Posterior a la expropiación petrolera, se sumó el control de la electricidad y de los ferrocarriles, ámbitos de la actividad económica, que, por ancas o por mangas, también les fueron negados a la iniciativa privada. A nivel constitucional esto estaba claramente estipulado en el artículo 27; y por tanto este sería el blanco de ataque donde, en años posteriores, se concentraron los neoliberales para imponer las llamadas reformas de mercado.

Es decir, desde que se formalizó el control estatal en la electricidad, los ferrocarriles y la industria petrolera, burgueses nacionales e internacionales entablaron una continua lucha para abrir esos negocios y engullir los recursos energéticos nacionales. No obstante, desde la Expropiación Petrolera, han encontrado una fuerte resistencia social y política para su privatización, a pesar de las contundentes embestidas de los capitalistas.

Simultáneamente, a nivel internacional, EE. UU. comenzó— a partir al menos desde el embargo petrolero de 1973— a delinear una estrategia de integración energética con México.

Su objetivo consiste en amalgamar los recursos de combustibles fósiles de México y los de EE. UU. (Saxe-Fernández, 2016), pero subordinados a los intereses yankis. Aunado al control de recursos fósiles, la actual disputa con China y el propio desarrollo del capital a nivel global, se suman a esa lista recursos minerales estratégicos como el litio, el cobre, tierras raras, entre otros.

Washington, por medio de las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), se enfocó en inducir la apertura a los inversionistas nacionales y extranjeros, de los sectores estratégicos de la economía constitucionalmente reservados al Estado: la electricidad, los ferrocarriles y la energía (Saxe-Fernández, 2016). De ahí para el real, se han sumado diferentes estrategias tanto para privatizar como para extranjerizar al sector petrolero, eléctrico, de comunicaciones y, ahora, de los minerales estratégicos.

Dentro de las principales estrategias destaca el desvío masivo del presupuesta estatal hacia gasto no productivo, para someter a un desfinanciamiento orgánico a los sectores o empresas de interés para la Inversión Extranjera Directa. En otros términos, la ineficiente administración de Petróleos Mexicanos responde esencialmente a un proyecto energético donde una paraestatal fuerte es un obstáculo para apropiarse de los recursos petroleros y gaseros de nuestro país.

De manera que, a nivel estratégico y económico, el capital extranjero y nacional promueven la desnacionalización del aparato económico mexicano, propósito que significa revertir la nacionalización petrolera tanto a nivel operativo como político-administrativo, y eventualmente a nivel constitucional (Saxe-Fernández, 2016).

En otros términos, desde EE. UU. se promueve una privatización, primero de manera indirecta para evolucionar a una forma directa de Pemex, y un control corporativo yanki in situ sobre las operaciones de la paraestatal (Saxe-Fernández, 2016).

Dicha privatización implica un control de facto de los recursos gasíferos convencionales o no convencionales, transporte y distribución de dicho hidrocarburo. Dominio que también, al permitir la privatización, se extiende a todos los minerales que se encuentren en el subsuelo de nuestro país.

En primer lugar, el control de facto de Pemex, entonces, es un pilar medular de la geoestrategia gringa para seguir disputándose la preminencia geopolítica, pero también para garantizar los suministros. Los gringos técnicamente han asegurado su autosuficiencia tanto en petróleo como en gas natural; sin embargo, su base de expansión es limitada, en los pozos de fracking su productividad decae más rápido que en los pozos convencionales.

Ese escenario cambia si se incluyen los recursos petroleros y gasíferos de México, con esas reservas los gringos pueden asegurar el suministro estable y a bajo costo de petróleo, pero sobre todo de gas para su economía.

En segundo lugar, al sumar las reservas de México a su cartera de activos energéticos, los gringos planean usar el suministro de gas natural como moneda de cambio con otros países que dependen de los combustibles fósiles.

Además, México no solo tiene reservas energéticas, también tiene una ubicación geográfica estratégica porque tiene el potencial de ser un nodo de exportación de gas. Tanto los recursos gasíferos de EE. UU. como de nuestro país potencialmente se pueden licuar y exportar tanto a los mercados asiáticos y europeos. Negocio que puede gestionar perfectamente Pemex, pero que las trasnacionales no quieren compartir.

En tercer lugar, precisamente las reformas neoliberales dejaron vacíos en materia de inversión pública, entre ellos el financiamiento a la industria petrolera y gasífera. Entonces, sin ninguna traba económica, el capital chino puede incursionar en nuestro país.

 Por lo tanto, los gringos están moviendo todas sus fichas económicas, diplomáticas y de seguridad para presionar a México y excluir a China como un potencial inversor en el ámbito energético.

A ese respecto, los inversionistas chinos se encuentran impetuosos para ingresar a cualquier ámbito de la energía en el mundo y por supuesto que en el continente americano. Llama la atención, por ejemplo, que sea justamente una empresa china quien esté participando, en conjunto con el gobierno ecuatoriano en la producción de crudo con fracking en la Amazonía (Afp y Prensa Latina, 2026).

En otros términos, económicamente no hay trabas para que incursione el capital extranjero en la industria gasífera del país, las limitaciones son de orden político. Precisamente la narrativa y asedio mediático contra el narcoestado mexicano— un narcoestado que crearon los propios gringos—es parte de esa presión política para asegurar que solo los gringos y sus aliados sean los únicos que usufructúen los recursos energéticos de nosotros loe mexicanos.

Históricamente hablando, después de la Segunda Guerra Mundial, la industria del gas y del petróleo, junto con la automotriz y la industria eléctrica fueron el epicentro de la gran expansión capitalista.

Esas mismas actividades siguen siendo los principales bastiones de producción de plusvalía; sin embargo, el capital quiere vendernos la idea de que han sido desplazadas por la llamada tecnología digital— que incluye centros de datos, computación en la nube, inteligencia artificial y fabricación de semiconductores— y el comercio electrónico. En suma: persiste la centralidad de la energía como centro de acumulación de capital.

Tan es así, que la guerra de los gringos y lo sionistas contra Irán está motivada, entre otras razones, por la energía. La guerra de Ucrania y Rusia es también por energía. Incluso, siendo estrictos el llamado comercio electrónico y la tecnología digital existe y se expande en tanto que hay electricidad, energía y agua de por medio.

En consecuencia, además de los usos tradicionales de los combustibles fósiles, se utilizan también ahora en las industrias emergentes y, por lo tanto, controlar los insumos garantiza a su vez participación en la plusvalía. En otros términos, EE. UU. ha promovido históricamente una integración económica y energética con nuestro país que le ha permitido suplantar al capital nacional y controla el aparato productivo mexicano.

Ahora, en materia energética ese control, construido golpe a golpe con las reformas neoliberales, se concentra en los recursos petroleros, pero también de minerales estratégicos. En otros términos, EE. UU. está asumiendo como suyos nuestros recursos energéticos y pretende ofrecerlos en venta sin, por supuesto, darnos un solo peso por su venta. El problema que enfrentan los gringos es que esos recursos le están vetados aún, a pesar de sus constantes ataques.

Para poder dar batalla en los mercados globales, EE. UU. y sus compinches necesitan ‘liberar’ los recursos estratégicos que se encuentran en el subsuelo mexicano y que históricamente están vetados para el capital extranjero y nacional. Además de la Constitución Mexicana, esa privatización y extranjerización colisionan violentamente con la voluntad de los verdaderos nacionalistas mexicanos.

Reforma Energética

La Reforma Energética es en sí el nombre legal del despojo, privatización y extranjerización de los recursos energético de los mexicanos. Es importante subrayar que hay tres ámbitos articulados, pero que por el momento necesitamos separar.

En primer lugar, está la Reforma específicamente para la industria petrolera y gasífera; en segundo lugar, la industria eléctrica y, en tercer lugar, las medidas legales referentes a los recursos minerales estratégicos, entre los más importante se encuentra el litio. El objetivo es, a nivel constitucional, legalizar la privatización y extranjerización de dichos recursos energéticos en aquellos ámbitos que las trasnacionales aún no han logrado incursionar.

Reforma energética-petróleo

El proceso de privatización inicia con las reformas salinistas: es el inicio del remate— o compraventa como dice el maestro Sax-Fernández— de los recursos energéticos del país. En 1992 se abre a privados la petroquímica; se segmentó a la paraestatal en subsidiarias; y se promovió la participación de la iniciativa privada en la perforación, exploración.

A pesar de ese ataque brutal a la estructura económica del país, la reforma de mercado, o lo que es lo mismo el despojo de los recursos nacionales, no se logró materializar completamente.

Posteriormente, en 2008 se registró un segundo atentado contra la industria petrolera, a manos del usurpador Felipe Calderón. Mediante la modificación de leyes secundarias, ya no del artículo constitucional propiamente, pero no por ello menos privatizador.

Las empresas intentaron profundizar el proceso de privatización a través de la legalización de firma de contratos para explorar y explotar hidrocarburos, especialmente los yacimientos de aguas profundas. A pesar de ser un severo golpe a la industria nacional no logró completar el proceso de privatización.

Es durante el sexenio de Peña Nieto que se orquestó un tercer ajuste (1998 y 2008 fueron el primer y segundo intento respectivamente) en el proceso de privatización a través de la llamada Reforma Energética.

En términos formales, la reforma del 2013 sobre hidrocarburos definió la titularidad del Estado mexicano sobre los recursos del subsuelo. Simultáneamente, abrió a la iniciativa privada las actividades de exploración y producción, así como la refinación, procesamiento de gas natural, transporte, almacenamiento y distribución de combustibles (Flores Quiroga, 2018).

Observemos como el proceso de privatización y extranjerización ha ido profundizándose con cada reforma constitucional: inició con la petroquímica, comenzó con la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos.

Ahora, las transnacionales necesitan controlar otros nodos como exploración y explotación de gas convencional y no convencional. Así como del transporte y distribución, con su infraestructura correspondiente, entre otras más facetas productivas y de comercialización.

Tal es el anclaje histórico y económico que, a casi 30 años, los privados no han logrado destruir la industria petrolera y gasíferos cardenista. Ya muy disminuida, casi desangrada, la privatización exige más reformas o sea más privatización.

Justo ese es el papel ignominioso que está jugando la Cuarta T: continuar con el proyecto privatizador, pero con legitimidad aceptando el despojo. Siguiendo los pasos de Maquiavelo, con el cinismo y la desvergüenza por enfrente, aluden a la soberanía nacional para privatizar y entregar a manos extranjeras nuestros recursos energéticos.

Bibliografía

Afp y Prensa Latina. (29 de abril de 2026). Ecuador inicia extracción de petróleo con fracking en la Amazonia. Obtenido de La Jornada: https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/04/29/mundo/ecuador-inicia-extraccion-de-petroleo-con-fracking-en-la-amazonia

Flores Quiroga, A. (2018). Reforma energética-hidrocarburos. México: Fondo de Cultura Económica.

Gilly, A. (1975). La Revolución Interrumpida. El Caballito.

Saxe-Fernández, J. (2016). La compraventa de México. Una interpretación histórica y estratégica de las relaciones México-Estados Unidos. México: UNAM Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.