En medio de una crisis de legitimidad, derivada de la movilización estudiantil que ha mostrado su rechazo, Lilia Cedillo asumirá su reelección como rectora de la BUAP y presentará su cuarto informe de labores el próximo sábado 4 de octubre, un día inhábil, en el salón barroco del Carolino a las 11 de la mañana.

La elección de la fecha no es casual: todo indica que, para llenar el recinto con estudiantes, será necesario recurrir al acarreo.

En sus dos últimos informes Cedillo utilizó el auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU). Como dicta la tradición de quienes ocupan la rectoría, se espera la presencia del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien seguramente acudirá a mostrar su respaldo a la gestión de la rectora.

Más allá de la formalidad del acto, Cedillo enfrenta un contexto adverso. En lugar de adoptar una postura abierta y transparente frente a las críticas de los universitarios, ha optado por el oscurantismo y la secrecía. Lejos de tender puentes con los estudiantes, se ha mantenido firme en los intereses que representa, dándoles la espalda a quienes hoy cuestionan la dirección de la institución.

Su reelección, además, ha sido calificada como espuria por sectores de la comunidad, que señalan inconsistencias en los resultados electorales. Ante ello, Cedillo busca evitar cualquier “escena” que pueda empañar su informe, con el objetivo de proyectarse públicamente como una rectora eficaz, aunque la realidad para muchos universitarios sea distinta.

Durante la campaña, la gestión se ha caracterizado por la represión de la protesta estudiantil. Grupos porriles, en particular contra alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, han operado bajo su administración, así como agresiones hacia quienes estudian en la lejana e inaccesible Ciudad Universitaria 2 (CU2).

Durante el reciente paro, Cedillo no se presentó a dialogar; delegó el contacto a operadores políticos enquistados en la institución desde hace décadas. Demandas como el retorno al voto universal o la mejora en la calidad educativa quedaron sin respuesta.

Mientras tanto, más de 40 planes académicos de diversas licenciaturas se encuentran en proceso de revisión. En algunas facultades las sesiones son abiertas, pero en otras los estudiantes desconocen quiénes integran las comisiones responsables de esas modificaciones.

La falta de claridad en estos procesos refuerza la percepción de opacidad en la toma de decisiones universitarias.

Aunque la legislación establece que la toma de protesta debe realizarse el 4 de octubre, como ocurrió hace cuatro años, el simbolismo de realizarlo en un día donde no hay estudiantes, ya que no hay clases, refleja la cerrazón con la que seguirá esta gestión.

Los nombramientos recientes también refuerzan la idea de un entramado político en la universidad. El caso más relevante es el de Damián Hernández Méndez, nuevo secretario general de la BUAP. De origen agüerista y señalado por su cercanía con Mario Marín, Hernández participó en la negociación que facilitó la llegada de Alfonso Esparza a la rectoría en 2013.

Posteriormente coordinó la campaña de Enrique Agüera por la alcaldía de Puebla y, tras un periodo fuera de la política universitaria, regresó en 2021 para integrarse al equipo de Cedillo.

Junto a él, se encuentran José Manuel Alonso Orozco, exsecretario general y actual particular de la rectora, y Sergio Díaz Carranza, quien fungió como vocero durante el paro estudiantil de 2025. Esta triada, vinculada al PRI, evidencia que los grupos políticos que han dominado la BUAP en los últimos rectorados permanecen firmemente asentados.