Escrito por Ángeles Tepox Vivar

Planteamiento del problema

La actual disputa por la energía ha ampliado su alcance, tanto en volúmenes de producción como en la diversidad de insumos y tecnologías involucradas. Incluye a los tradicionales combustibles fósiles: petróleo, gas natural—convencionales y no convencionales— y carbón; así como también a los llamados recursos estratégicos.

Más allá de las definiciones formales e institucionales, destacan en particular los minerales críticos, entendidos como aquellos minerales y metales indispensables para sectores como energías renovables, transporte eléctrico, tecnologías informáticas y para la economía en general (International Energy Agency, 2025).

Ese carácter estratégico se explica, en primer lugar, porque son materias primas en industrias donde se están disputando las posiciones de preeminencia global, especialmente EE. UU. y China, junto con otros competidores. En segundo lugar, son estratégicos por la incertidumbre en torno a garantizar el suministro; es decir, existen numerosos riesgos para lograr una provisión estable y a precios asequibles. En tercer lugar, y no por ello menos importante, la ubicación, escasez y dificultad técnica que implica la explotación económica de dichos minerales vulnera su abastecimiento.

Dentro de los minerales que se encuentran catalogados como críticos está el litio, cobalto níquel, cobre, grafito y tierras raras, entre otros más. Por ejemplo, el litio, el níquel, el cobalto, el manganeso y el grafito son cruciales para el rendimiento de las baterías. Los elementos de tierras raras son indispensables para los imanes permanentes utilizados en las turbinas eólicas y los motores de vehículos eléctricos. Las redes eléctricas requieren grandes cantidades de aluminio y cobre, este ultimo elemento es clave en las tecnologías relacionadas con la electricidad (International Energy Agency, 2025).

A medida que la demanda de estos materiales se incrementa, su importancia estratégica evoluciona en la misma dirección. Tanto para las transnacionales como para los Estados Nación es una prioridad garantizar que funcionen de manera eficiente las cadenas de suministro de minerales, toda vez que sostienen los sistemas energéticos. De manera que, este conjunto de minerales nos indica que allí donde existan reservas se entablará una disputa por su apropiación y explotación económica. En términos más simples, donde se encuentren estos minerales habrá conflictos.

Ahora bien, esa guerra energética global a la que hacemos referencia no se libra en abstracto: se desarrolla en diversas arenas y una de ellas es México. México tiene sus propias contradicciones históricas, las cuales condicionan la forma en cómo esa disputa y apropiación de minerales críticos se concretizará. Recordemos, Marx y Engels plantean en el Manifiesto del Partido Comunista que el motor de la historia es la lucha de clases. En el caso de nuestro país, esa lucha de clases por razones histórica tiene un importante sustrato campesino e indígena (Katz, 1988).

Con este breve planteamiento tenemos premisas clave para entender el actual exterminio económico y social que pende sobre las comunidades indígenas. Si hay un sujeto histórico fundamental que tiende a oponerse a la expansión económica, social y territorial del capitalismo son las comunidades indígenas. Por esa razón fueron, son y serán el principal blanco de ataque de la violencia organizada por parte del Estado burgués, en su versión legal o ilegal, léase paramilitares y narcotráfico.

En términos de lo que estamos planteando, esa guerra energética global se libra en territorios en donde hay recursos minerales, pero esos territorios no se encuentran vacíos, no son un lienzo en blanco (Cueva, 1994), ahí se encuentran ancladas las comunidades agrarias/indígenas. La expansión capitalista y en especial el control de los minerales estratégicos tiene en los campesinos indígenas su principal obstáculo de desarrollo. En este caso, la contradicción es irresoluble, hay poco o nulo margen de maniobra: o desaparecen las transnacionales o desaparecen las comunidades.

Por lo tanto, esa guerra energética, bastión de acumulación del capital que pretende hegemonizar EE. UU., implica el exterminio material y simbólico de las comunidades indígenas y agrarias en nuestro país. A ese respecto, diversas organizaciones campesinas están denunciando esa guerra interior a manos de las transnacionales que tienen en el Estado burgués y el narcotráfico sus principales brazos armados para desocupar los territorios donde se encuentran esos minerales estratégicos.

Los recientes hechos en Chilapa (Guerrero) y Tehuitzingo (Mixteca poblana) se suman a una larga lista de hechos que demuestran la existencia de esa guerra interior contra las comunidades agrarias/indígenas. A la vez, se observa con nitidez el papel represor, pero sobre todo legitimador del Estado burgués en el proceso de exterminio y despojo, ahora en tiempos de la Cuarta Transformación.

A ese respecto, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS)— comunidad de Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez (Guerrero)—señaló que el gobierno federal construye y difunde la narrativa de que los recientes ataques con explosivos a poblados indígenas de Chilapa de Álvarez se deben a disputas entre grupos criminales; y no al intento de mineras extranjeras para apropiarse del territorio y sus recursos naturales (Ocampo Arista, 2026).

Con el cinismo típico de la Cuarta T, Omar García Harfuch—un narcotraficante confeso— acusó al Concejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) de ser parte de la delincuencia organizada. Además de cínico, Harfuch es un sicario de las transnacionales, porque esa narrativa de equiparar a una organización indígena con una organización criminal tiene por objetivo desarticular el sistema de seguridad comunitario y a la Cipog-EZ (Ocampo Arista, 2026) (El Sur. Periodico de Guerrero, 2026).

El estado de Guerrero tiene un potencial minero clave, participa en el cinturón de oro de la Sierra Madre del Sur, donde hay yacimientos importantes de oro, plata, cobre, zinc y plomo. El problema es que para llevar a acabo la explotación de esos recursos y venderlos en el mercado mundial necesitan lidiar con las cientos de comunidades que se encuentran asentadas en dicho territorio. Y es imposible materializar esas ganancias cuando los campesinos/indígenas echan mano de su lógica comunal para organizar un sistema de defensa y enfrentar/bloquear el avance del capital.

La organización comunitaria que defiende su territorio significa para las transnacionales un obstáculo infranqueable para la apropiación de esos minerales estratégicos, y con ello compromete su posición en la guerra energética global. Precisamente, las concesiones mineras que ostentan tanto empresas transnacionales como nacionales no han logrado materializarse ahí donde se encuentran estas comunidades agrarias organizadas:

            “Para las mineras resulta más sencillo operar en tierras despobladas que lidiar con asambleas ejidales y comunitarias, así que los ejidos fueron dispersados. Comisariados y delegados ejidales han huido con sus familias, al igual que los demás ejidatarios o comuneros. Muchas veces dejan atrás la documentación del territorio que tienen. En los hechos se volvieron tierras desocupadas, algunas hace más de cinco años. De acuerdo con la ley, si nadie las habita ni trabaja, se consideran abandonadas” (Olivares, 2016)

Las líneas previas expresan claramente la problemática, para expandir la actividad minera resulta inexorable la desocupación de los territorios donde se encuentra los yacimientos minerales. Ahora bien, ante esa situación el asedio contra las comunidades es la única opción que ofrece tanto el Estado burgués como las transnacionales. Veamos esto con detenimiento.

Tras los ataques con armas de fuego, drones e incendios para desocupar esos territorios, el gobierno federal—tanto la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez— está condicionando el respaldo institucional y de seguridad a cambio de restablecer las bases de operación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, así como los brigadistas de los programas sociales de Bienestar (La Jornada, 2026).

En otros términos, tanto a través de la violencia ejercida por los grupos criminales, como también a manos del gobierno federal se pretende desmovilizar a las comunidades campesinas/agrarias. Permitir que el ejército y la policía— en sus diversas vertientes institucionales—significa perder su carácter autónomo y de control territorial. Ese dominio del territorio que hasta ahora está en manos de los pobladores pasaría al Estado represor, y por tanto a manos de las transnacionales.

Permitir la entrada de los programas sociales también implica la desmovilización de los pobladores en tanto que se pervierte la comunidad. La entrada de estos programas les proporciona un ingreso monetario, pero a costa de la destrucción del tejido comunitario al fomentar divisiones internas, que aseguren la continuidad de las transferencias gubernamentales. En suma, si no desaparecen las comunidades gracias a los grupos criminales, lo harán a manos del Estado burgués, tanto a través del tradicional brazo represor como de una forma de contrainsurgencia más sofisticada que son la implementación de los programas sociales.

Veamos otro caso, ahora en el estado de Puebla. El pasado fin de semana se dio a conocer el multihomicidio en el municipio de Tehuitzingo, en la localidad de Texcalapa, en la zona de la Mixteca Poblana. Diez personas fueron masacradas, entre ellas un menor de un mes de nacida. La maquinaria del Estado burgués no tardó en calificar este hecho como un “tema familiar”; sin embargo, no se debe desvincular del potencial minero de la mixteca poblana (Lemus, 2026).

El asedio ya está en curso. El presidente del Consejo Regional de la Nación Popoloca Nguiva Ngigua Ngwa, Rolando Aguilar, denunció en marzo del 2025 que particulares extranjeros y mexicanos han visitado localidades en la Mixteca poblana donde se han identificado yacimientos de litio. El Consejo tiene conocimiento de al menos seis sitios con presencia de litio en Texcala, Los Reyes Metzontla y San Felipe Otlatepec (Gutiérrez Rodríguez, 2025).

Aún no existe una postura colectiva uniforme respecto a la respuesta que darán a estas empresas, realizarán asambleas para tomar esa decisión. No obstante, los pobladores están pensando en solicitar concesiones mineras comunitarias, ya que solo así garantizarán que las comunidades, donde se encuentra dicho mineral, realmente se vean beneficiadas y no solo las empresas extranjeras (Gutiérrez Rodríguez, 2025).

La región de la mixteca, tanto del lado de Puebla como de Oaxaca, tienen un alto potencial minero. Se ha detectado la presencia de 32 sustancias o productos minerales distribuidos en 81 de los 155 municipios que comprenden los siete distritos de la Región Mixteca oaxaqueña. Los distritos que más destacaron por su concentración potencial relativa de los recursos minerales fueron Huajuapan, Nochixtlán y Juxtlahuaca; además presentaron una mayor variedad de recursos minerales (Torales Iniestas, 2008).

En marzo de este año, autoridades municipales, agrarias y comunitarias de Puebla y Oaxaca declararon a la Mixteca poblana y oaxaqueña como territorio prohibido para la minería, durante el Quinto Foro Informativo por la Defensa del Agua, el Territorio y la Vida en Chila de las Flores, Puebla. Vale la pena destacar un par de planteamientos de dicho encuentro.

En primer lugar, las autoridades comunitarias llamaron a ejidos, municipios y comunidades de la región a proteger el territorio y a rechazar proyectos mineros. También, denunciaron que instituciones federales continúan impulsando políticas extractivas y realizando exploraciones en la región sin el consentimiento de los pueblos (Desinformémonos, 2026).

En segundo lugar, reafirmaron que la asamblea comunitaria es la máxima autoridad para decidir sobre el territorio y reiteraron su compromiso de fortalecer la organización regional para defender el agua, la tierra y la vida. Asimismo, exigieron justicia para las personas defensoras asesinadas y desaparecidas en distintas luchas territoriales del país (Desinformémonos, 2026).

Por otra parte, el fracking opera con esa misma lógica: necesita la desocupación de esos territorios para poder apropiarse de esos recursos estratégicos, esenciales en la disputa energética global. Nuevamente, las organizaciones indígenas, comunales, civiles/ambientales y de académicos, que no se dedican al sicariato científico, están denunciando en diversos espacios la locura que implica echar a andar los proyectos de fracking (Ribeiro, 2026).

En el caso de la Huasteca Potosina, por ejemplo, integrantes de las comunidades tének y nahuas plantean que la región no puede entenderse como un espacio disponible para la explotación, sino como un entramado vivo: “La Huasteca no solo es un territorio, es un sistema que integra cultura, identidad y organización comunitaria” (Desinformémonos, 2026). Esta situación es innegociable; la disolución de las comunidades implica también su propia desaparición como individuos: ellos y la comunidad son uno mismo. Claro está dichas nociones resultan incompatibles con la lógica capitalista.

Tanto en la minería como en el fracking: la defensa del territorio y sus recursos está siendo encabezada por las comunidades, están en la primera línea de defensa de lo poco que todavía nos queda del país. Y lo más grave, enfrentan la oposición del Estado burgués, de las transnacionales, de las organizaciones criminales y a buena parte de la sociedad mexicana, que se halla corporativizada bajo las estructuras neopriístas articuladas en la llamada Cuarta T.

En términos políticos permanecen muchas de las facciones que llevaron a la presidencia a López Obrador, el país no dejó de ser un polvorín social, solo ralentizo la implosión. El peligro político de las comunidades indígenas no solo radica en la defensa de su territorio, sino que también tienen el potencial histórico de estructurar/organizar una lucha de carácter nacional por el poder político y económico. México, en términos históricos, se caracteriza por la persistencia de levantamientos rurales, prácticamente son endémicos y simultáneamente, dichos levantamientos establecen vínculos con las revoluciones nacionales (Katz, 1988).

A modo de conclusión

La guerra energética global confiere a la minería de un carácter estratégico. La nación o coalición de países que controle el acceso y explotación de los recursos mineros estará en condiciones de fortalecer su posición en la disputa por la hegemonía mundial. Esa disputa global presiona desde afuera para agilizar esos procesos de desocupación interior en territorios como México. Esto solo significa acelerar y profundizar el proceso de exterminio de las comunidades indígenas.

Tanto en el plano historiográfico como en la narrativa nacional, el carácter agrario del de nuestro país se ha buscado relegar; sin embargo, las comunidades agrarias indígenas son fundamentales para construir una salida política y económica distinta al capital. Por la formación histórica de nuestro país, la revolución socialista es agraria e indígena; y, por tanto, es uno de los bastiones que debemos no solo entender sino también fortalecer ideológica y políticamente hablando.

Ahora bien, el carácter revolucionario de las comunidades agrarias/indígenas no se materializa por decreto, ni debe idealizarse su papel. Sin lugar a duda muchas de esas comunidades se venden al mejor postor y de ahí nacerán sus peores verdugos. No obstante, lo más peligroso para la reproducción del capital, es el potencial organizativo que tienen las comunidades para defender su territorio y— si resuelven su tendencia a atomizarse y aislarse— de conformar un movimiento social de carácter nacional para destruir al capitalismo.

Bibliografía

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