Escrito por Jorge Álvarez Méndez

Lejos de ser una tradición, una subcultura política o un acto de legitimación, el acarreo es una de las prácticas más lacerantes de sumisión y coerción; un acto de compra de voluntades con cargo al presupuesto público (en este caso el de una institución autónoma como la Universidad) y de movilización de un aparato propagandístico, pero a la vez represivo.

El inicio de cursos, en el periodo previo a la elección de rector retrata la decadencia plena e impugnada por muchos más estudiantes recientemente.

Esto no se trata de ataques de pánico moral: está a la vista el sustrato material que ha corrompido la vida universitaria por décadas. En una Universidad pública además es un absoluto contrasentido histórico.

En la UAP las dos campañas de José Doger a la rectoría (1987 y 1990) fueron nombradas cocacoleras por su vacuidad conceptual, programática y política: de hecho, puso los cimientos de la despolitización de la comunidad universitaria, a la vez de un oneroso costo publicitario en detrimento de las necesidades reales en lo académico (fuera de su élite). Todo ello en tiempos de la Universidad democrática, crítica y popular.

Desde la impresión masiva de propaganda frívola y derechista, hasta la realización de conciertos con un claro financiamiento gubernamental, pues el proyecto neoliberal para la educación superior radicaba en imponer por vía de una elección universal a su candidato. Era el contexto en que el gobierno de Miguel de la Madrid ya iniciaba la sumisión ante E.U. y el FMI para recortar el gasto público que garantizaría en lo financiero el pago de la deuda.

Tras el dogerato en sus dos fases (José y Enrique) se degradó el ambiente antes democrático de la mano del porrismo. He ahí la aun hoy viva fina estampa de un Edificio Carolino resguardado por vallas y herederos del lumpen convertido en personal de la otrora “Prefectura” (hoy DASU en lo funcional).

De la mano de la represión, se escenifican actos de bienvenida con un proselitismo renovado cada año por la rectoría donde privan las formas más comerciales de la banalidad. Como si el paro estudiantil no hubiera existido con su pliego petitorio como consciencia renacida para exigir elevación del nivel académico, fin de la corrupción y sobre todo, la democratización de la vida universitaria.

Mejor vacunar a los estudiantes de nuevo ingreso para inmunizarlos de ese episodio de movilización y organización. De la asamblea y las guardias, a las porras a la rectora, la pasarela y la intimidación de sus operadores políticos enquistados institucionalmente en las lobomentorías e instancias de apoyo al estudiante. Del fingido diálogo con los estudiantes en paro, a las loas a la rectora con una producción B tipo Televisa.

Pero además de pasar la aplanadora por encima del reciente reclamo democrático y académico para reconstruir algo de comunidad, el gasto en esta campaña de la rectoría para validarse es enorme y opaco. Con botargas, selfies y comitivas de porristas.

Se acarrea la voluntad de estudiantes para ir posicionando a quienes vayan a ser candidatos a la rectoría y a las direcciones de las unidades académicas. Ocurre así con la activación de la red de directores, consejeros universitarios y consejeros de unidad. Desde luego que algunos representantes recién electos no se han prestado a esta glorificación del presidencialismo priista a escala. Esa es la reserva de dignidad.

Se acarrea como si fuese una masa amorfa a una colectividad en formación profesional. El pisoteo a su condición de ciudadanos es el fundamento para desconocer su posibilidad de ser y asumirse plenamente como sujetos sociales transformadores.

La carnavalización como el modus operandi para acostumbrar a la pasividad, a la obediencia: a la mera recepción de mensajes oficiales por parte de quien encarna una autoridad personal (la máxima autoridad es el Consejo universitario). El ambiente de feria para infantilizar y domesticar la consciencia crítica.

Al nulificar con esos actos como si fuera una universidad privada la centralidad está en la promoción de la marca BUAP. De ese modo va refrendándose que quienes alcanzaron el puntaje son los merecedores de acceder a lo que en realidad es un derecho a la educación, negado desde los tiempos neoliberales.

Con el montaje de un grotesco performance en la lógica de las priistas giras presidenciales, la comunidad estudiantil es tratada como objeto del refrendo de la rectoría. Esta personifica ser la cúspide de decisiones que caen desde el cielo como una graciosa concesión.

En la mesa deben estar las consecuencias de lo que realmente es: una funcionaria pública sostenida con los impuestos sujeta a la rendición de cuentas y al escrutinio público. El sentido común dicta desde hace décadas en la BUAP que el estudiante va a la universidad a estudiar, para negar su rol de participación política, informada y organizada.

Pero no es un mero acto de voluntad unipersonal lo que decide rectoría y al alto funcionariado: operan un proyecto político perpetuado por un minúsculo grupo de poder que pacta, reparte cotos, compra voluntades e intimida al estudiantado inconforme. Llevan así 35 años: seis presidentes de la República en ese curso han gobernado al país y esa facción sigue al frente.

La vigencia del acarreo es una grave afrenta para la dignidad de la comunidad universitaria en general, pero sobre todo para los estudiantes cuando desde hace tiempo los docentes han validado por conveniencia u omisión las prácticas de intimidación e imposición.

En la memoria colectiva lo mismo que la pandemia, se encuentra el momento crucial donde los estudiantes pudieron organizar un paro para reconquistar a la Universidad como un espacio de formación crítica, y hasta de reapropiación de símbolos antes oficialistas. Lo mismo podría ocurrir con el renacer de la organización, de la dignidad: como el ave Fénix del escudo de la BUAP.