Por Diana Juárez Martínez

En 2022, la BUAP infringió la ley al realizar pagos a 64 trabajadores después de la fecha de su defunción por 2 millones 538 mil pesos que tuvo que reintegrar a la Federación.

Como parte de la revisión de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se emitió el informe 1490 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Si bien la máxima casa de estudios del estado solventó lo observado, el organismo hizo hincapié en que la institución infringió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Al revisar las nóminas pagadas con Recurso del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales 2022 y las bases de datos de defunciones de la Secretaría de Salud, la ASF verificó que se realizaron pagos por 2 millones 679.6 mil pesos a 65 trabajadores después de la fecha a su defunción.

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la BUAP proporcionó la documentación que acreditó que un trabajador sí estaba en activo. A él se le pagaron 141 mil 50 pesos.

Pero, como de los otros 64 no comprobó, tuvo que reintegrar a la Tesorería de la Federación los 2 millones 538 mil pesos. Es por eso que la ASF dio por solventado lo observado y no le inició ninguna acción.

Otras observaciones que la BUAP solventó

Adicionalmente, la ASF indicó que, con la revisión de las nóminas pagadas con los recursos del gasto federalizado, por el programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, verificó que la BUAP no realizó pagos a trabajadores durante el periodo de comisión sindical a trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo, a trabajadores identificados como decesos en 2022 o ejercicios anteriores. No obstante, se realizaron pagos por 220 mil pesos después de la fecha de baja a nueve trabajadores.

En el transcurso de la revisión y sólo porque la ASF intervino, la universidad proporcionó la documentación que acreditó el reintegro por 220 mil 571 pesos. Fue así que la auditoría se dio por solventada.

Por otro lado, al revisar las nóminas pagadas con los recursos del gasto federalizado y confrontarlas con la base de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Registro Nacional de Población e Identidad (RNPI), se verificó que 105 Claves Únicas del Registro de Población (CURP) del personal no coincidieron con los registros de la nómina del objeto fiscalizado y 30 registros federales de contribuyentes no se localizaron en el padrón del SAT.

En respuesta, la BUAP proporcionó la documentación que acredita la identificación en la base de datos de la nómina de la universidad de 19 trabajadores en el RNPI de 11 trabajadores en el Registro Federal de Contribuyentes. Así, se solventó parcialmente lo observado.

Por eso último, la ASF recomendó a la universidad gestionar ante el SAT y el RNPI que los registros federales de contribuyentes y las CURP de los trabajadores se actualicen. Entonces, se podrá garantizar el cumplimiento del programa.

Por otro lado, la ASF indicó que la BUAP inició un procedimiento para determinar responsabilidades ya que se usaron las normativas de licitaciones de manera discrecional.

Se trata del proyecto del edificio de cuatro niveles y la construcción de la primera etapa del Centro de Simulación y Desarrollo de Habilidades Clínicas de la Facultad de Medicina; del edificio de tres niveles para el Posgrado en Microbiología del Instituto de Ciencias y del edificio de cuatro niveles para el set de televisión, estudios y laboratorio en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

En estos casos, la ASF detectó que, para adjudicar las obras se utilizó la normativa estatal, en lugar de la federal.

Como el órgano interno de control de la institución inició el procedimiento, la ASF dio por promovida esta acción.

De manera general, la ASF determinó 29 resultados. De esos, en 17 no hubo irregularidades y 11 se solventaron en los 30 días hábiles a partir de cuando se le solicitó.