Por Jorge Álvarez Méndez
Brutal represión se vive ahora contra la protesta social en la provincia de Jujuy, Argentina. Contra la lucha protagonizada (como en Perú, Chile y Bolivia) por los pueblos originarios. Adquiere carácter de levantamiento popular en contra de la política represiva del gobierno del ultraderechista Gerardo Morales. La embestida antipopular también conlleva muertos y disparos en los ojos a los manifestantes como en Chile con los carabineros.
El ruido del poder mediático se propala para festejar la embestida policiaca contra los jujeños movilizados; lo mismo ocurre con una derecha defensora del Estado de excepción. Así lo hace por su propia vocación gorila y represiva que no se apagó con el fin de la dictadura cívico-militar en 1982. Con el proceso electoral en puerta (por la próxima celebración de elecciones primarias) su programa para gobernar el país se torna cada vez más agresivo y fascistoide. Compiten en sus discursos por posicionarse para ser el más dispuesto a reprimir.
Al celebrarse un proceso constituyente para reformar la carta magna de Jujuy, se aprobó la criminalización del derecho a la manifestación. Recurrentemente las organizaciones sociales realizan cortes de ruta y al ilegalizar estas acciones se empeñó la reforma a la Constitución provincial.
Cierra así el circuito de la excepcionalidad el proyecto de despojo de los recursos minerales en una zona del triángulo del litio que comparte Argentina con Perú y Chile. Algunas de las principales empresas que en 2018 tenían inversiones en La Puna de la provincia son: Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad delEstado), Orocobre (Australia), Toyota (Japón), Exar (Canadáy E.U.), LithiumAmeriaCorp. y GanfengLithium (China)[1]. El gobierno represor de Morales ya intentó atraer a Tesla de Elon Musk a la provincia por el litio para desarrollar en la zona una “giga factory” para el procesamiento mineral (indispensable para la industria informática, automotriz y otras más).
Como en otros casos, la criminalización de la protesta social la requieren los grandes capitales para emprender procesos de acumulación originaria para apropiarse el territorio de las comunidades. Otro de los artículos reformados en la Constitución provincial se refiere a una desprotección de aquellos pueblos que no tienen por parte del Estado un reconocimiento de sus propiedades comunales, susceptibles de contar con recursos minerales, y por ende, podrían ser despojados del territorio donde desarrollan su vida.
Sectores del peronismo han señalado cómo Jujuy es el laboratorio diseñado por la derecha para imponerlo en la nación en caso de hacerse de la presidencia en las elecciones de octubre. El proceso se ha gestado desde 2016 cuando el actual gobernador llevó a cabo, en coordinación con el poder judicial, la detención de la dirigente Milagro Sala quien no tiene aún una sentencia. Un grupo especial de la ONU incluso se ha pronunciado, desde la presidencia de Macri, para liberar a la máxima referente de la Organización Barrial Tupac Amaru.
Desde esa época la dirigente fue dejada a su suerte por vastos sectores del peronismo que arriaron en los hechos la bandera de su liberación. La restauración neoliberal (2015-2019) logró desvertebrar las políticas llevadas a cabo por el kirchnerismo (2003-2015) que se apoyaba en organizaciones de base y de masas como la Tupac Amaru. A partir de ese momento se continuó castigando al movimiento nacional y popular en sus expresiones locales y gremiales. En la actual insurrección participan los maestros que han sido condenados no sólo a la precarización de sus condiciones laborales, sino a la miseria material.
Como el capitalismo no es homogéneo, y el Estado-nación reflejó la pervivencia de relaciones propias de una formación económico-social, los pueblos originarios han logrado realizar una articulación organizativa por fuera de la clase dominante. Esta se construye con el gran capital trasnacional más las grandes corporaciones de Argentina, pero a la vez forman parte de ese bloque poderes regionales del agronegocio y la explotación mineral. Cabe resaltar el caso de los pueblos mapuches que luchan contra el despojo en la Patagonia, ante la entrega de 900 mil hectáreas a la empresa global Benetton: que segura así parte de su materia prima con la crianza de ganado lanar en la región.
Contra la imagen de un país a imagen y semejanza de la porteña Buenos Aires (capital federal) un universo subsumido real y formalmente al capital constituye el rico mosaico donde la comunidad lucha. Donde Jujuy resiste.
[1] Damián Enrriquez, Damián. “Acciones y consecuenciasde la explotacióndel litio en Jujuy.Un estudio desde la ecofilosofía”. En https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9349.
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