Por Christian Herrera

Luego de darse a conocer el fallo del tribunal federal estadounidense del distrito de Brooklyn, respecto a la culpabilidad de Genaro García Luna por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, en los medios se ha popularizado el considerar la administración federal panista como un “Narco-Estado”, que considera al “crimen organizado”, dedicado al “tráfico de narcóticos” capaz de penetrar las instituciones de seguridad del “Estado”.

Según esta interpretación, las instituciones de seguridad responsables de “combatir la delincuencia”, estaban “al servicio” de las “organizaciones narcotraficantes”.

La noción del “Narco-Estado” supone también un no Narco-Estado anterior o posterior en el tiempo, o sea, la representación de la autonomía del Estado frente a

las organizaciones criminales. De este modo, las “organizaciones criminales”, cual herpes genital, logran infectar al “Estado” a través de la corrupción de las instituciones de seguridad.

Si los gobernantes son malos, se dejarán corromper, pero si son buenos, no dejarán corromperse, reduciendo la existencia del “Narco-Estado” como un problema individual de la “voluntad política” de los gobernantes en turno.

Al cuestionar la cabalidad de la noción del “Narco-Estado”, es pertinente pensar que la irrupción de la violencia generalizada asociada con el tráfico de drogas tiene un contexto social, una historicidad unida a las relaciones de subordinación política y económica de nuestro país hacia el imperialismo estadounidense, factores omitidos cuando se individualizan el devenir de nuestra sociedad que, sin obviar las responsabilidades individuales de personajes deleznables (llámense Felipe Calderón, Genaro García, Luis Cárdenas Palomino, etc.) en realidad son representantes de grupos y clases sociales.

En otras palabras, el advenimiento de gobernantes ligados a organizaciones delictivas que acumulan con drogas prohibidas no es simplemente resultado de la malicia de actores individuales, como si antes hubiesen gobernado “los malos”, y ahora gobiernan “los buenos”.

Sin justificar las responsabilidades individuales de gobernantes corruptos criminales, existe un conjunto de relaciones sociales que permiten la emergencia de grupos delictivos que acumulan con drogas, organizados desde el aparato gubernamental.

La agudización de la violencia relacionada con las drogas ha originado intentos de explicativos sobre este fenómeno que, en tanto mantienen una carga ideológica, tienen como resultado mistificar en vez de comprender el curso de los acontecimientos, teniendo como resultado dar gato por liebre al hacer equivalentes al Estado con el gobierno, y con esto, reducir al Estado como un “Narco-Estado” por la “mala voluntad” de los “malos gobernantes del pasado”, obviando la historia y las relaciones sociales que se entablan entre los actores delictivos y los actores de poder.

En primer lugar, las “organizaciones criminales”, en tanto violan la prohibición y acumulan con drogas prohibidas, de suyo, esto es un delito tipificado por el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. Por este hecho, las mal llamadas “organizaciones criminales” en realidad son organizaciones delictivas, en tanto el violar la prohibición de drogas es un delito, no un crimen. Dichas organizaciones, mal llamadas “cárteles de la droga”, a cada rato se enfrentan violentamente unas con otras (la unión Tepito vs el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este último contra el cártel de Sinaloa, este contra los Zetas, y estos contra el cártel del Golfo, etc.).

Un cártel es el resultado de la colusión de varias empresas privadas para establecer un precio comercial, sin embargo, en los hechos, los grupos delictivos luchan encarnizadamente por controlar puntos de venta o zonas productivas, de tal modo que los cárteles de la droga no existen, más bien son grupos delictivos organizados, enfrentados entre sí, que acumulan con drogas prohibidas. La noción de los “cárteles de la droga” fue una invención de las agencias de seguridad estadounidenses con el objetivo de constituir un enemigo imaginario formidable, en aras de justificar su intromisión en otros países, a pesar de los reiterados fracasos de su política prohibicionista norteamericana.

A su vez, el uso del término “narcotráfico” u “organizaciones criminales narcotraficantes” también tiene como antecedente las nociones de las fuerzas de seguridad estadounidenses que se refirieron indistintamente a las drogas prohibidas como “narcóticos”.

La noción de un “Narco-Estado” es la repetición de la forma gringa para referirse a todas las drogas como narcóticos.

Aunque las organizaciones delictivas trafican narcóticos (ya sea opio, morfina o heroína) también trafican drogas no narcóticas (estimulantes como la cocaína o las anfetaminas, o alucinógenos como los derivados del cannabis o el LSD).

Es decir, los grupos delictivos trafican narcóticos, en ese sentido si son “narcotraficantes”, pero en tanto trafican drogas no narcóticas (estimulantes o alucinógenos), son algo más que “narcotraficantes”. Indistintamente, acumulan con drogas prohibidas.

Ahora bien, si las organizaciones delictivas que acumulan con drogas prohibidas logran obtener ingresos onerosos, esto se debe al sostenimiento artificial del precio comercial de las drogas ilegalespor encima de su valor real, y a la inexistencia de una oferta legal que les compita.

Ambas condiciones son resultados económicos de la política prohibicionista estadounidense. Dicha política engendra un proceso de acumulación de capital ilegal, y en tanto capital, sus detentores forman parte de las clases dominantes de nuestra sociedad.

El entrelazamiento de las organizaciones delictivas y los actores gubernamentales no es un acto aislado producto de la “mala conciencia” de los gobernantes; es una relación económica sustentada en un proceso de acumulación de capital, en este caso, la acumulación resultado de producir y vender opioides, anfetaminas, marihuana, etc.

Y el Estado, en cuanto poder social integrado por el conjunto de instituciones sociales que sirven para amortiguar las contradicciones de clase, como fuerza social opresiva que sirve para garantizar la propiedad privada, tenderá a garantizar la propiedad capitalista, sea esta legal o ilegal, incluyendo el capital acumulado con drogas prohibidas.

Al considerar que la administración federal calderonista imperó un “Narco-Estado”, implícitamente se asume una identidad errónea entre el Estado y el gobierno. El Estado, independientemente del color del partido que gobierne, se conforma por el conjunto de instituciones que velan por proteger la propiedad privada sobre los medios de producción.

En cuanto el gobierno, como la institución política más importante del Estado, organiza las funciones estatales más importantes: administración de la recaudación fiscal, mantenimiento de las fuerzas militares y policiales, establecimiento del dinero en circulación, etc.

Al reducir la dimensión del Estado al hacerlo equivalente al gobierno, se asume erróneamente que las funciones coercitivas gubernamentales son las únicas, sin considerar los mecanismos de coerción estatales existentes en la sociedad civil.

De este modo, si bien en una esfera del gobierno federal de las administraciones panistas fungió como extensión de la organización delictiva de Sinaloa, este hecho de ninguna manera supone una turbulencia social en donde la prioridad estatal fundamental sea la protección de la propiedad de las organizaciones delictivas dedicadas a acumular con drogas prohibidas.

Si existe una forma exacta para caracterizar al Estado mexicano, en tanto poder social que sirve a las clases dominantes para subyugar a las clases sociales subordinadas, es que este es un Estado capitalista y, dado que el negocio de las drogas ilegales también es un proceso de acumulación capitalista, el Estado tenderá a proteger la propiedad de los detentores del capital de las drogas ilegales, no porque sea un “Narco-Estado”, sino porque en un Estado capitalista, el capital en sus múltiples formas (mercantil, industrial, dineraria) será protegido por el Estado, aunque dicho capital concatene procesos de acumulación legales e ilegales, o sea, el revoltijo que supone la mescolanza de negocios lícitos e ilícitos.

Este planteamiento de ninguna manera puede olvidar que los gobernantes, como representantes de grupos y clases sociales, son única y exclusivamente “administradores de los negocios de la burguesía”. Cabe señalar que tanto Fox, Calderón y Peña Nieto fueron los representantes políticos de los grupos más retrógradas y reaccionarios de nuestra sociedad, y la política gubernamental federal de estos últimos siempre priorizó el lucro privado por encima del bienestar de las mayorías.

El advenimiento de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república, siendo elegido por la inmensa mayoría, manteniendo una legitimidad inaudita frente a sus predecesores, el cual sostiene como dicho “por el bien de todos, primero los pobres”, gobierna intentando distribuir más la riqueza, cobrando más impuestos y ensanchando los derechos sociales, dentro de los límites que le impone el Estado capitalista mexicano.

Las buenas intenciones de la cuarta transformación tendrán como límite las relaciones de clase antagónicas, y aunque no sean lo mismo AMLO frente a sus predecesores, subsisten las condiciones y los negocios que se circunscriben a la prohibición de las drogas, dado que subsiste la política punitiva sobre estupefacientes en México y Estados Unidos.