Por Aldo Quiroz

En el concierto de la política nacional, mucho se discute sobre el actuar de los funcionarios públicos. En el contexto actual mexicano, a veces se asumen posiciones acríticas cuando hay coincidencias con los gobiernos de la 4T o golpistas, absurdas y fantasiosas cuando no las hay. 

Como militancia obradorista, tenemos la responsabilidad de buscar la mayor cantidad de información y analizarla con base en los principios que nos han llevado a coincidir con ese amplio proyecto.

Sobre la represión en San Gregorio Atlapulco el 2 de diciembre, se conjugaron: la desconfianza en el gobierno dada por el actuar histórico de entrega territorial e inmobiliaria para la especulación, que trae consigo desproveer de servicios y derechos, como acceso al agua potable o vivienda digna; la cada vez más insostenible saturación del espacio diverso (medio rural, urbano y suburbano) de la Ciudad de México; y, la imposibilidad de quitarle los filos represivos a una institución estatal como la policía de la CDMX. 

Respecto a la entrega-venta del territorio, como de la vivienda para la especulación, al hablar de propiedad privada, se habla de su enajenación y transferencia, así como, suponer un aumento de precio debido a la construcción de centros productivos, comerciales, políticos o de concurrencia social en las cercanías.

La especulación inmobiliaria, práctica, que, en la historia de la Ciudad de México algunas personas destacan desde el curso de la dictadura de Antonio López de Santa Anna, durante una remodelación del hoy centro de la ciudad en 1844, cuando gente del ejército empezó a obtener, a través del tráfico discrecional, licencias de construcción en lo que suponían sería un lugar muy poblado y de gran convocatoria, permitiéndoles jugar con el precio para obtener más ganancias [1].

Con seguridad, esa práctica se dio tiempo atrás y hasta la fecha sigue, con matices y mayor ferocidad. Siempre implica desplazamiento de las personas tanto por estorbar para los nuevos negocios, como por el encarecimiento de la vida en el lugar respecto al que se especula; también, el acaparamiento de recursos necesarios para la vida (agua, electricidad, infraestructura pública, espacios recreativos y culturales), puestos al servicio de las nuevas construcciones, inaccesibles para la gente pobre.

En estas prácticas están involucradas las personas dueñas del capital y funcionarios de gobierno, quienes modifican la regulación para compra, construcción y venta de inmuebles, facilitan información a especuladores respecto a los planes de crecimiento y desarrollo de las ciudades. También, se coluden en los negocios para resultar beneficiados, ya sea de manera inmediata económicamente, a través de gratificaciones ilegales, sociedad en la empresa o con apoyo político para emprendimientos a cargos públicos de nivel superior.

El periodismo registra una explosión de práctica especulativa inmobiliaria en CDMX, con auge en 2016 y de ahí sigue en aumento, este impulso se da con la construcción de edificios en zonas de alto riesgo, las cuales quedaron en el ojo público a partir de los sismos de 2017, pues si bien, no todas colapsaron, el riesgo de que sucediera cobró consciencia a nivel social. Estos acontecimientos corresponden a la administración de Miguel Ángel Mancera en la CDMX.

En este impulso se involucran los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS), donde hay dueños de inmuebles o constructores, empresas que administran dichos inmuebles, los colocan en la bolsa de valores, venden posibilidades de ganancia a partir de suposiciones (especulación); e inversionistas (privados o públicos como algunas administradoras de AFORES) que pagan para compartir esas futuras ganancias, mientras con ese dinero financian la construcción de más inmuebles y reinician el ciclo [2].

En este negocio se inserta el problema de la alianza anunciada por el gobierno de CDMX con la empresa Airbnb, la cual funciona a través de una plataforma en la que (supuestamente) familias ofrecen cuartos de sus viviendas, acondicionados para turistas o personas buscando hospedaje. Esta alianza incluye un corredor en el que entra el territorio de Xochimilco.

Los especuladores inmobiliarios y su diversificación de negocios han saltado hacia Airbnb, ofreciendo cuartos a través de la plataforma, abriendo la puerta a la expansión y financiamiento (vía la venta de certificados en la bolsa de valores) de más edificios, elevar las rentas de los ya ocupados para ofrecerlos como cuartos disponibles, también construir complejos habitacionales en el corredor que incluye a Xochimilco.

Ante esos hechos lo más lógico es que los habitantes de San Gregorio Atlapulco asuman que habrá una concentración de territorio y recursos.

Claudia Sheinbaum, considera la derrama económica y recaudación de Airbnb a la CDMX, garantía de sendos votos con una porción de la población, sin embargo, esto la lleva al enfrentamiento con pueblos de Xochimilco, lo cual no se resolverá con una negociación o freno temporal a los proyectos. Ante ese panorama, es la organización venida desde abajo la que acotará los planes de las inmobiliarias y su especulación.

[1] El mercado del Parián: el más atroz caso de especulación inmobiliaria de la historia. Álvaro Van den Brule, 2015. https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-08-08/el-mercado-del-parian-el-mas-atroz-caso-de-especulacion-inmobiliaria-de-la-historia_957468/

[2] FIBRAS. Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces. Grupo BMV. https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MI_EMPRESA_EN_BOLSA/CTEN_MINGE/Fibras.pdf